Durante décadas, el principio de soberanía estatal funcionó como un escudo casi infranqueable frente a la persecución penal internacional. Sin embargo, el derecho internacional contemporáneo ha ido erosionando progresivamente ese blindaje, especialmente cuando el poder estatal deja de cumplir su función básica y se transforma en un instrumento funcional del crimen organizado transnacional. La eventual captura y traslado de Nicolás Maduro a Estados Unidos debe analizarse desde ese prisma: no como un acto arbitrario de fuerza, sino como una consecuencia jurídica extrema de la descomposición del deber de cooperación penal internacional.
En enero de 2026, en Caracas, a las 02:01 (hora local de Venezuela; 05:01 UTC), cayó uno de los peores dictadores de Latinoamérica: Nicolás Maduro Moros. Ya en 2023 acumulaba acusaciones por 9.995 personas asesinadas. A ello se sumaba una crisis de inmigración en la región generada por los venezolanos que huían de la dictadura de izquierdas.
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