Universidad Central
Lo ocurrido en días pasados en el Internado Nacional Barros Arana (INBA) no es sino una expresión extrema de lo que, desde hace tiempo, ha venido sucediendo en ese mismo colegio y en otros emblemáticos. En efecto, se ha hecho una noticia reiterada el que estudiantes lancen bombas molotovs desde sus propios colegios, atacando a carabineros, vehículos y transeúntes. Esto de por sí representa una violencia que no tiene ninguna justificación y que no puede ser amparada por una actitud permisiva de parte de las entidades educacionales.
Nunca había ocurrido un evento climático como aquél que sufrió Santiago y otras localidades del país hace más o menos diez días. Lluvias verdaderamente torrenciales han arreciado en distintos puntos del país, y en la Región Metropolitana han creado dramáticas situaciones emergencia con perjuicio para distintos tipos de instalaciones habitacionales y de servicios.
Prima una enorme lejanía entre los hechos y dichos de nuestros políticos, con respecto a las necesidades y demandas de la ciudadanía. Por cierto, esto no es un hecho saludable para el cuerpo social puesto que aleja las decisiones de política pública de las prioridades que en ellas deberían adquirir las demandas populares. Existen muchos ejemplos de cómo se da en los hechos esa lejanía al observarse, por ejemplo, los temas abordados en las sesiones de las dos ramas del Congreso Nacional y las angustias que viven las personas con sus ingentes necesidades.
Predomina una imagen de desorden en la Universidad de Chile a raíz de confusas manifestaciones estudiantiles que ponen en duda la solidez institucional para enfrentar conflictos. Son varias las demandas que se mencionan a través de distintas vocerías.
Dentro de los aspectos no mencionados en el último mensaje presidencial, y que sin embargo debiera ocupar una alta prioridad, se refiere a la situación de emergencia que está enfrentando el mercado laboral. Un reciente estudio de David Bravo ha puesto de relieve algunos indicadores que ponen en evidencia esta situación que constituye una verdadera emergencia.
El infortunado cierre de la siderúrgica chilena Huachipato constituye un tema de texto de economía aplicada y regulación de mercados.
Existe una muy crítica situación que a diario vive la ciudadanía de Chile con relación a seguridad. El reciente llamado de Mons. Fernando Chomalí constituye un dramático téngase presente sobre este asunto, demandando la acción del Estado para controlar de modo efectivo la ocurrencia del delito y proporcionar la seguridad que demanda la población.
En estos días de inicio de un nuevo año escolar, es pertinente reflexionar acerca del crucial rol que cumple el maestro de aula y su adecuada preparación. Chile contó en el pasado con Escuelas Normales que preparaban a los profesores para la educación de nivel primario, un esfuerzo ligado a las prioridades fundacionales de la república.
Las proyecciones económicas para este año 2024 son positivas y así se podría sobreponer Chile de los malos resultados del 2023. En efecto, para este año se estima un crecimiento positivo y una inflación bajo control.
La partida de Sebastián Piñera marcará un antes y un después en el transcurrir político chileno. Por una parte, porque se ha estado reponiendo el necesario respeto por el adversario e imponiendo el sentido profundo de un necesario diálogo republicano.
La sensación de inseguridad que manifiesta la ciudadanía ha crecido de manera incontenible. No son sólo las noticias que posiblemente podrían inducir a una exagerada apreciación del problema. Es la experiencia directa que todos tenemos de algún evento que envuelve un delito cometido contra uno mismo, familiares o amigos.
La ciudadanía está abandonando a la educación pública. En todos los quintiles de la distribución del ingreso, la mayoría de los escolares figura asistiendo a colegios privados.
Levanta preocupación la información que emana de diversas encuestas respecto del vigente proceso constitucional. En efecto, una alta proporción de personas manifiesta no estar interesada en el proceso mismo, mientras que más de la mitad de los encuestados revela que está dispuesta a rechazar el texto que se proponga.
Las significativas protestas que se llevaron a cabo a partir de octubre del año 2019, tuvieron como explícita justificación el descontento con lo alcanzado en el país durante el período posterior a 1990.