El derecho de vivir seguros

Existe una muy crítica situación que a diario vive la ciudadanía de Chile con relación a seguridad. El reciente llamado de Mons. Fernando Chomalí constituye un dramático téngase presente sobre este asunto, demandando la acción del Estado para controlar de modo efectivo la ocurrencia del delito y proporcionar la seguridad que demanda la población. El problema va más allá del delito común al cual podríamos estar acostumbrados. Se trata ahora de delitos mayores que envuelven la operación planificada de bandas organizadas para delinquir y que radican en grupos de inmigrantes ilegales. Ya no sorprenden los enfrentamientos armados entre bandas opuestas, o aún de grupos que buscan amedrentar o simplemente llevar a cabo operaciones que envuelven narcotráfico o procedimientos como raptos y venganzas. Ya no son raros los casos de cadáveres que se encuentran en las calles o en sitios propicios para su abandono, incluyendo cuerpos mutilados como una posible señal de severa amenaza. Tampoco son raros los casos en que niños han resultado víctimas mortales de verdaderas operaciones de guerra urbana, amenazando la propiedad y seguridad de familias inocentes. Todo esto es causa de gran temor en una población que ha preferido encerrarse y minimizar su circulación por calles y plazas. El enrejamiento de las casas, aún a costa de la fealdad que conlleva en muchos casos, es la única medida posible de seguridad ante la amenaza de robos y asaltos que ocurren por medio de individuos que se desplazan por los techos. Todo esto parece una exageración, pero es, por infortunio, la realidad que día a día estamos viviendo los chilenos.

El narcotráfico se ha extendido en su área de operación e influencia. Hay barrios enteros que son controlados por grupos organizados, que incluso cobran pagos por la “protección” que significa que los mismos grupos no cometan daños a la propiedad y las personas. Esto va mucho más allá de los cotidianos robos, asaltos, encerronas y portonazos que los chilenos y chilenas debemos enfrentar como grave riesgo en el día a día, y se extiende al control por encima del Estado y de sus organismos ejercido por grupos delictuales. La organización de estos grupos parece ser muy avanzada, consultando mecanismos de protección y acción ante emergencias que puedan sufrir. A todo esto, el accionar de las policías parece ser poco efectivo, superado por el enorme volumen de las operaciones delictuales organizadas. La justicia está también muy limitada, en el afán proteccionista que la inspira y que pone rápidamente de vuelta en la calle a los transgresores. O sea, existe indefensión del ciudadano común y corriente que debe enfrentar a diario la incertidumbre y el temor inducido por acciones delictuales de todo tipo. El consumo y distribución de drogas ha pasado a ser un dato, lo cual invade con amplia libertad muchos espacios que deberían ser protegidos. Los mecanismos de información y control parecen estar ampliamente superados por la realidad que se vive en poblaciones y colegios.

El llamado es a que por fin el Estado se haga cargo de su responsabilidad primera que es brindar seguridad y protección a sus habitantes. Los políticos parecen más interesados en el cuadro electoral que se aproxima, que a acometer con decisión los cambios y acciones para controlar el delito y la grave situación de inseguridad que estamos viviendo. Se está más preocupado de restringir el accionar policial, que de efectivamente dar señales de dureza en el combate contra el crimen. Cuando la primera autoridad de la nación expresa que los grupos organizados de narcotraficantes pueden ser reeducados por medio de acciones de deporte y cultura, parece ser que ya se ha entregado el país al control de dichos grupos. Quiere decir que se ha adoptado una verdadera lejanía de las instancias del Estado con lo que está ocurriendo a diario en Chile, y que no se está sopesando adecuadamente la realidad de temor y desorientación que vive la gente.

Uno de los derechos más fundamentales de las personas, es el derecho a vivir en paz. Eso se está vulnerando en medio de la desatención de las prioridades de la ciudadanía que necesita protección, y ver reducida la amenaza diaria contra su seguridad especialmente en las zonas socialmente más vulnerables de nuestro país. El llamado que se ha hecho recientemente debe ser atendido con decisión y prioridad, y al mismo deberían unirse todas las instituciones que conforman el poder moral del país.

Prof. Luis A. Riveros

Universidad Central