La próxima reforma tributaria: entre buenas ideas y la realidad del Congreso

Ya tenemos nuevo gobierno y comienza la actividad legislativa y administrativa destinada a llevar a cabo el programa que condujo a José Antonio Kast a la primera magistratura. Una de esas propuestas programáticas es la reforma tributaria anunciada para el 1 de abril. ¿Qué incluye esa reforma? Muchas cosas.

Según fue anunciado recientemente por el nuevo ministro de Hacienda, se contemplaría una reducción de la tasa del 27% al 23% para los contribuyentes del Impuesto a la Renta de Primera Categoría; un nuevo crédito (que eventualmente podría adoptar la forma de un subsidio) contra el impuesto a la renta para incentivar a las empresas a contratar personas en riesgo de caer en la informalidad, lo que podría reducir su tasa efectiva por debajo del 20%; ajustes a la norma general antielusiva; la eliminación del impuesto único con tasa de 10% que afecta al mayor valor en la enajenación de acciones, cuotas de fondos de inversión y de fondos mutuos transados en bolsa con presencia bursátil; y la eliminación gradual de las contribuciones para la primera vivienda, comenzando por los mayores de 65 años.

Además de estos anuncios, el programa de gobierno señalaba que se buscará avanzar hacia la plena integración del Impuesto de Primera Categoría con los impuestos finales, establecer un estatuto para la inversión extranjera y mejorar la eficiencia en la fiscalización para combatir la informalidad, la elusión y la evasión.

Sin duda se trata de un paquete muy contundente de medidas que pueden —o no— significar un cambio sustancial en nuestro sistema tributario, pero que, en cualquier caso, representan iniciativas relevantes para alcanzar dos grandes objetivos: que el país crezca y que el Estado disponga de los recursos suficientes para cumplir sus fines.

Pese a que muchas de estas ideas parecen razonables, deberán convencer a los parlamentarios, quienes enfrentan lo que algunos han denominado una “asimetría de conocimiento técnico”, reflejada en su acervo en materias tributarias y económicas, que en más de una ocasión ha dejado mucho que desear. En ciertos debates han primado el dogmatismo de las doctrinas políticas y ciertas mezquindades coyunturales, como ocurrió con el rechazo de la reforma tributaria impulsada por el entonces ministro de Hacienda Mario Marcel, el 8 de marzo de 2023, cuando incluso diputados oficialistas votaron en contra como una forma de revancha por conflictos políticos pendientes, algunos de carácter casi personal.

Por tal motivo, la actual administración debe actuar con especial cuidado para evitar caer enlos mismos errores del pasado. Uno de esos cuidados consiste en no incluir todas las materias en un solo cuerpo legal.

Dado que se trata de medidas de naturaleza distinta, no parece adecuado someter al escrutinio parlamentario, en un mismo proyecto, iniciativas tan diversas como la rebaja del Impuesto de Primera Categoría, el estatuto de inversión extranjera o la reducción de las contribuciones para la primera vivienda. Sí podría resultar razonable, en cambio, fusionar la rebaja de la tasa con el avance hacia la plena integración de los impuestos y con el incentivo a la contratación mediante un crédito o subsidio —distinción que, por cierto, contiene detalles técnicos y prácticos que deben ser cuidadosamente considerados—.

Asimismo, un proyecto que revise la aplicación de la norma general antielusiva debiera tramitarse completamente aparte, dada la especificidad y complejidad de la materia. Ello permitiría que el tema sea analizado con la debida profundidad por especialistas, aunque eventualmente podría avanzar en paralelo con otras iniciativas destinadas a fortalecer las facultades de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos.

Esta parcelación de las reformas tributarias permitiría que avancen aquellas materias en las que existe mayor consenso, sin quedar atrapadas en la controversia que generan otras iniciativas que despiertan mayores perspicacias o antagonismos doctrinarios. De este modo, también se facilitaría una negociación legislativa más eficaz, en la cual los aspectos técnicamente más sólidos puedan pesar con mayor fuerza en la discusión.

Por tal motivo, cabe esperar que la actual administración pondere adecuadamente la experiencia acumulada y considere las lecciones del pasado, de modo de dotarse de las herramientas necesarias para llevar adelante, con éxito, su programa de gobierno.

Prof. Germán R. Pinto Perry

Director Programas de Especialización Tributaria de la Universidad de Santiago

Miembro de Fundación de Estudios Sistémicos Integrados Tributarios – FESIT –