¿La Ley del más fuerte?
El infortunado cierre de la siderúrgica chilena Huachipato constituye un tema de texto de economía aplicada y regulación de mercados. El dumping es una antigua práctica, en que un país subsidia a una empresa o sector y genera costos artificialmente bajos, por debajo de sus competidores. Como consecuencia, esta empresa o sector productivo puede ofrecer precios mucho más bajos que su valor real o el precio de mercado. Con esto se combate deslealmente a la competencia y se busca hacerla desaparecer, para luego instaurarse el país “triunfador” con caracteres de hegemónico en el mercado. Este es el caso de pizarrón que ha sido actualmente verificado, dolorosamente, con respecto a la siderúrgica chilena Huachipato, la cual ha debido suspender operaciones frente al poder ejercido por la competencia del acero chino. Y es curioso, porque Chile tiene suscrito un acuerdo de libre comercio con la República Popular China, que pasa a ser letra muerta en este y, seguramente, otros casos. Es decir, la transparencia que requiere poner en marcha un acuerdo comercial, en este caso parece haber sido dejada de lado.
Huachipato había pedido una sobretasa arancelaria para el acero chino de un 25% como una medida de protección temporal frente al embate de precios debajo de los costos efectivos. Esta no es una cifra que pueda sorprender; México, por ejemplo, tiene una estructura de sobretasas de 25% para una larga lista de productos de todo el mundo que son acusados de responder a costos subsidiados. La comisión que estudió el caso en Chile estimó que la sobretasa debiese ser un 15.3%, frente a lo cual el Directorio de la empresa, al considerarla insuficiente, decidió cerrar operaciones. Un lamentable desenlace para una empresa que ha tenido una larga historia y ha sido una contribución importante al desarrollo del país, especialmente en los períodos en que dominaba un mucho más restrictivo ambiente en el comercio exterior. Lo más grave es que esta suspensión temporal deja abierta muchas preguntas acerca de un posible reinicio de actividades, puesto que la paralización per se debe envolver costos más bien significativos. Por ejemplo, seguramente los miles de trabajadores deben recibir sus finiquitos por el término de la relación laboral, a menos que se ponga también en ese caso una clausula más inusual de “suspensión del contrato”, lo cual debe también envolver costos. El costo social es, sin embargo, el más importante puesto que el desempleo que esta medida envuelve afecta a miles de familias, en una región que está pasando también por momentos económicos difíciles.
Hay algunos temas de índole política que vale la pena reseñar. En primer lugar, la aparentemente débil comunicación entre las instancias de gobierno y la siderúrgica, que no coordinó ni tiempos ni acciones llevando a este nefasto resultado. En segundo lugar, nada se ha dicho sobre la interlocución habida con nuestros socios chinos, con quien tenemos un Tratado de Libre Comercio que es sobrepasado por estas acciones de comercio desleal. No hemos sabido que el gobierno chileno haya levantado una acusación en las instancias internacionales debidas sobre este hecho, que es típico de las acciones del “grande contra el chico”, una materia que se fue dejando de lado como parte del desarrollo del comercio internacional y las mejores reglas sobre transparencia. En tercer lugar, no se puede desatender el hecho que la gestión empresa también debe haber estado afectada en su propia competitividad por las medidas adoptadas por Chile con relación al mercado laboral, especialmente en materia de jornada laboral y salario mínimo (piso de los salarios en la estructura de una empresa), así como otros problemas que seguramente necesitan políticas correctivas.
Este es un evento muy desafortunado que nos alerta sobre la situación de las empresas públicas en general. El alto endeudamiento de CODELCO, y los problemas en empresas como ENAMI y ENAP, levantan una luz de alerta que bien haría el gobierno en atenderla apropiadamente, cada caso en un su propio contexto. Pero lo que no se puede permitir es que la ley del más fuerte vuelva a imperar en el comercio internacional, y Chile debe levantar su voz en todas las instancias necesarias para advertir sobre el problema que hoy ha puesto de relieve el acero chino.
Prof. Luis A. Riveros,
Universidad Central
