¿Educando terroristas?
Lo ocurrido en días pasados en el Internado Nacional Barros Arana (INBA) no es sino una expresión extrema de lo que, desde hace tiempo, ha venido sucediendo en ese mismo colegio y en otros emblemáticos. En efecto, se ha hecho una noticia reiterada el que estudiantes lancen bombas molotovs desde sus propios colegios, atacando a carabineros, vehículos y transeúntes. Esto de por sí representa una violencia que no tiene ninguna justificación y que no puede ser amparada por una actitud permisiva de parte de las entidades educacionales. En esta oportunidad, la explosión que fue noticia se asoció al proceso de preparación de material explosivo por parte de un grupo de estudiantes, quienes ensayaban con material altamente inflamable preparando bombas un poco más “avanzadas” que las tradicionales . Para ello incorporaron acelerantes de alto poder para crear una mezcla contenida en envases que pueden explotar simplemente al estrellarse. Este experimento resultó en una treintena de estudiantes heridos gravemente, varios de ellos en condición crítica, sufriendo quemaduras que afectarán su vida por siempre. Desde luego esto no corresponde a un “hecho aislado” como aseguró la rectora del INBA, puesto que se constituyó en un proceso de índole terrorista que amparaba la fabricación armas y seguramente el entrenamiento para poder usarlas; eso requirió ingresar al establecimiento material inflamable, contenedores propicios y aparataje de laboratorio. Todo eso obedeció a un plan que consultaba además el uso de un espacio dentro del propio colegio para la labor de confección de las bombas. Grabaciones permiten inferir que hubo presencia de un par de personas adultas, seguramente respaldando el proceso de fabricación. Todo esto no pueden ser considerados “hechos aislados”, máxime cuando a reconocidos grupos violentistas se les ha permitido dictar charlas de adoctrinamiento en varios colegios.
Los estudiantes son enviados al colegio por sus familias para superar sus barreras de conocimiento, abrirse nuevos caminos en la vida, como lo han hecho tantas generaciones que les anteceden. La obligación del colegio es auspiciar y dar forma a esos planes de desarrollo personal, a esos caminos de superación que la educación debe auspiciar. La violencia no debe tener cabida en esos proyectos de vida, y la labor del colegio debe consistir en proteger a toda costa el proceso educativo y sus logros asociados. La rectora debiera estar preocupada de esta misión fundamental de una institución como el INBA, y el profesorado debiera estar a disposición de la tarea de formar nuevas generaciones para ir superando su pasado. Por el contrario, la permisividad existente castiga a generaciones de estudiantes a la frustración de no ver cumplidas las aspiraciones que sí muchos otros podrán perseguir exitosamente. Eso mismo auspiciará la permanencia de diferencias de la desigualdad social que hoy nos aqueja.
Los padres del INBA han declarado que estaría bien que sus hijos defiendan ideales. Nadie podría estar en desacuerdo con eso. Pero otra cosa es auspiciar violencia y destrucción, además de arriesgar su integridad física, como una forma de defender ideales. El hogar parece no estar en sintonía con la labor que debe realizar la institución educativa, y sin una conexión de esas dos partes no hay ningún proyecto educativo que pueda ser exitoso. Como esas declaraciones no son seguramente representativas de todos los padres y apoderados del INBA, como tampoco de la educación pública en general, es menester que los establecimientos separen a los violentistas que ponen así en riesgo la vida de sus propios compañeros. Esta consideración sobre el auspicio de la violencia es también aplicable a mucho de nuestra clase política, que dio el ejemplo al rendir homenaje en el Salón de Honor del Congreso Nacional a la “primera línea” que llevaron adelante las protestas violentas de octubre de 2019.
Desde hace tiempo persiste un silencio ensordecedor de las autoridades educacionales sobre este tipo de problemas, que ya no pueden ser considerados “hechos aislados”, ni protestas naturales de los estudiantes. Han pasado a ser lisa y llanamente acciones terroristas que deben ser tratadas por personas apropiadas del punto de vista de salud mental y procedimientos penales. Es fundamental que el Ministerio de Educación y la Municipalidad de Santiago le digan al país cómo, más allá de los discursos y lamentos, se enfrentará el grave y creciente deterioro de nuestra educación pública, especialmente en este contexto de evidente inseguridad.
Prof. Luis A. Riveros,
Universidad Central
