Recuperar una vida normal
La sensación de inseguridad que manifiesta la ciudadanía ha crecido de manera incontenible. No son sólo las noticias que posiblemente podrían inducir a una exagerada apreciación del problema. Es la experiencia directa que todos tenemos de algún evento que envuelve un delito cometido contra uno mismo, familiares o amigos. Todos tenemos a alguien que ha sufrido un atentado contra sus posesiones, su seguridad personal y hasta su vida. Son muchos los vecindarios que se organizan para repeler, en la medida de lo posible, las acciones delictuales, y muchos se topan con verdaderas bandas organizadas para delinquir. Y es que existe la fundada apreciación de que nuestras policías no dan abasto por problemas de recursos y porque, además, se encuentran limitadas en su accionar especialmente frente a delincuentes de origen extranjero. Éstos se ven protegidos por disposiciones relativas a derechos humanos y otras que dan forma a una verdadera red discursiva favorecedora de una protección al delincuente. No son pocos los casos en que la policía ve limitado su accionar por disposiciones administrativas y políticas que restringen la acción que debiera emplearse frente a delincuentes en flagrancia. Junto a esta vivencia de la impunidad con que actúan los delincuentes, prevalece también un sentimiento de una justicia que no opera como debiese frente a las circunstancias que crean las acciones delictuales. No son excepcionales los casos de detenidos en flagrancia que, inexplicablemente, a los ojos de la ciudadanía, son dejados en libertad. Tampoco se observan esfuerzos efectivos para expulsar efectivamente del país a los inmigrantes ilegales que han sido sorprendidos y detenidos en la ejecución de graves acciones delictuales.
La ciudadanía debe hoy vivir en una cierta reclusión auto impuesta para evitar toda vida social cuando empieza a oscurecer. Prevalece un auto impuesto “toque de queda” para minimizar, más no eliminar, la posibilidad de ser víctima de un asalto, portonazo o acciones conducentes a arriesgar el patrimonio o la vida. Y esto ocurre transversalmente, puesto que no afecta sólo a las comunas más acomodadas sino también, y principalmente, a las zonas más pobres que carecen de suficientes servicios de seguridad. Además, los delitos empiezan a hacerse más complejos, en medio de este escenario tan poco dignificante. Más allá de asaltos y robos llevados a cabo de la manera muchas veces más inverosímil, se practican también en muchos barrios y sectores la imposición de pagos impuestos por grupos delictuales, para otorgar protección frente a ciertos delitos. Además, han empezado los casos de secuestro, que imponen una cierta paga de rescate. Todo esto lleva al crecimiento de la inseguridad que afecta todas las acciones y desarrollos a nivel de la sociedad. La cuestión es que la autoridad, más allá de discursos y constataciones, debe impulsar medidas concretas en pos de la seguridad de la ciudadanía que empieza a vivir atemorizada por estas circunstancias.
En el pasado, nos comparábamos con los países de la OCDE en materias de seguridad interna. Hoy se piensa que tenemos que compararnos con el resto de la región, donde indudablemente no aparecemos en la posición más desventajada. Pero la percepción real es otra, y eso nos está hundiendo como país capaz de atraer inversión y turismo. No basta con que las autoridades, que cuentan con efectivos sistemas de seguridad en lo personal, piensen que este problema se está exagerando. Es fundamental que se pongan en la realidad que vive la ciudadanía a diario, y que se manifiesta también en las deterioradas condiciones de vida en que estos problemas, vinculados en mucho a la inmigración ilegal, han impreso en distintas comunas del país en que esto no ha sido abordado efectivamente.
Menos permisividad, mayores atribuciones y recursos a las policías y a la seguridad son fundamentales, pero también la señal negativa que emana de considerar culpable de un crimen a quien se defiende de la delincuencia. Eso no puede seguir ocurriendo. Las municipalidades deben poner mayores recursos para proteger a sus vecinos, pero la armazón legal debe ajustarse seriamente para castigar debidamente a los delincuentes, y no seguir sometiendo a castigo a quienes se defienden del delito. Tenemos el derecho a recuperar una vida normal, y la política debiera centrarse en buscar solución a lo que estamos viviendo.
Prof. Luis A. Riveros
Universidad Central
