El doble test de probidad para ENAP: Entre delitos ambientales y el fantasma del fraude
La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) se encuentra hoy en el centro de una tormenta que va mucho más allá de los desafíos habituales del mercado energético. La estatal enfrenta graves investigaciones penales y administrativas tras descubrirse una presunta manipulación de cifras ambientales en la Refinería Aconcagua (Concón), en virtud de una auditoría interna, la cual habría detectado irregularidades y manipulación de antecedentes reportados a la Superintendencia del Medio Ambiente.
En un contexto de crisis climática y zonas de sacrificio, simular el cumplimiento ambiental ya no es una mera falta administrativa, es un delito grave, susceptible de acarrear inclusive responsabilidad penal a la persona jurídica, al tenor del contenido de la Ley 20.393.
Por otra parte, el panorama se oscurece con la veta política y financiera, al iniciarse una investigación penal que vincula a conocidos abogados penalistas de la plaza y la estatal, bajo la sospecha de un presunto fraude al Fisco, donde se indaga la tesis de una clásica y nociva práctica, consistente en utilizar entidades públicas como verdaderas "cajas pagadoras" de servicios profesionales u otros fines distintos a la gestión pública.
Lo verdaderamente complejo para la estatal no es solo defenderse en los tribunales, sino cómo estas contingencias colisionan con el actual marco regulatorio chileno. La Ley 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, robustecida por la reciente Ley de Delitos Económicos (Ley 21.595), ya no permite a los directorios mirar hacia el lado o simplemente culpar a su empleados “desleales” o “negligentes”.
Bajo este nuevo estándar, las empresas públicas y privadas responden penalmente si no cuentan con Modelos de Prevención de Delitos efectivos. Si se acredita que ENAP carecía de controles para evitar falsificaciones ideológicas en materia ambiental o el desvío de fondos públicos para fines ajenos a su giro, las sanciones, penales, administrativas y reputacionales podrían ser devastadoras.
Por lo anterior ENAP tiene hoy la obligación no sólo de colaborar con la justicia, sino que, además debe demostrar que su sistema de compliance penal y ambiental no son simples papeles guardados en un escritorio. El país observa atento si la estatal petrolera es capaz de pasar este doble test de probidad, o si por el contrario terminará convertida en el ejemplo de portada de cómo no administrar los recursos de todos los chilenos, lo cual amerita una rigurosa investigación por parte del Ministerio Público y en sede administrativa, con el pleno respecto de las garantías fundamentales y por cierto de la presunción de inocencia de todos los involucrados, en tanto no exista una sentencia condenatoria que diga lo contrario.
Pablo Larredonda Alcayaga
Abogado Penalista
Socio Estudio Jurídico Molina Matta y Asociados
