Luis Riveros

El país cuenta con una significativa batería de leyes y reglamentos para poder enfrentar efectivamente la oleada de criminalidad que se hace presente en el día a día.  Frente a las actuales circunstancias, parece ser más bien una prioridad el que se dialogue sobre las posibles fallas en la aplicación efectiva de esas normas, en lugar de priorizar la creación de nueva normativa para intentar controlar la acción delictual.

Nuestro país vive una enorme crisis de seguridad. Son miles los casos de delitos graves que ocurren ya casi como sucesos habituales que asumimos como parte inevitable de nuestra vida diaria. Asaltos, robos, portonazos, encerronas, etc. son sólo parte del panorama a que diariamente todos nos exponemos.

Argentina fue a comienzos del siglo pasado un país con una sólida economía, que le colocaba entre los primeros países del mundo, comparable a varios países europeos. Su nivel de bienestar económico era tal que se decía que los empresarios agrícolas más adinerados, llevaban vacas a bordo de los barcos que los trasladaban a Europa, para poder así contar con leche fresca todo el trayecto.

La Cámara de Diputados y Diputadas ha decidido dedicar una semana al estudio y despacho de un cierto número de proyectos de ley atingentes a temas de seguridad.

Ninguna sociedad puede funcionar adecuadamente cuando sometida al riesgo que representan males como una activa delincuencia, el sistemático terrorismo, la expansión del narcotráfico, la permanente amenaza contra la vida y la propiedad. Nuestro país se encuentra invadido por estos graves problemas, y su carácter creciente se denota no sólo a través de las estadísticas de que disponemos, sino también por el conocimiento que cada cual tiene de lo que sucede en su entorno familiar y social.

Ha causado desazón en el gobierno el rechazo a la idea de legislar sobre la reforma presupuestaria propuesta por Hacienda.  En realidad, hay una mezcla de una preocupación legítima sobre los recursos faltantes para varias acciones programáticas, pero también incide un tanto la lesión política causada, especialmente después de la derrota que también sufriera el gobierno con el rechazo al texto constitucional avalado por él mismo. 

En la historia de la educación chilena sobresalen los ejemplos de visiones amplias y consistentes sobre el desarrollo del sistema educacional, sus cambiantes objetivos y las necesidades que ello despierta en materia de política pública.

Se inicia un nuevo año académico, en medio de saludos de bienvenida, de actos preparatorios y de un entusiasmo que revive en las familias los similares procesos acaecidos a través de distintas generaciones.

Nuestra sociedad está siendo dominada por la falta de credibilidad de autoridades e instituciones. Esto no es bueno para la democracia, ni es un sustento adecuado para el país que se quiere construir, en la misma medida en que las nuevas generaciones van aprendiendo de los “haceres y decires” de la generación que le antecede.

La inflación ha vuelto a convertirse en una amenaza importante para el debido funcionamiento de la economía y el nivel de vida de las familias. En efecto, la tasa de inflación del año 2022 alcanzó a casi tres veces el porcentaje de crecimiento de los precios que se venía observando durante años anteriores. Naturalmente, para una generación que no acostumbraba a experimentar las consecuencias de este fenómeno, éste ha revestido el carácter de severa dificultad.