Francisco Pinochet



Francisco Pinochet

La decisión de la Corte Suprema de regular el uso de la inteligencia artificial al interior del Poder Judicial parece, a estas alturas, inevitable y necesaria. La pregunta relevante ya no es si la IA debe ser regulada, sino cómo hacerlo sin transformar una legítima preocupación por sus riesgos en un obstáculo para su desarrollo y utilización.


Para más de mil empresas e instituciones chilenas, la ciberseguridad dejó de ser una partida del presupuesto de tecnología. Hoy es una obligación legal, con costos fijos, plazos que se cuentan en horas y multas que pueden acercarse a los tres mil millones de pesos.


La noche del jueves 13 de agosto, el Tribunal Constitucional dio a conocer, mediante comunicado, el acuerdo de su Pleno sobre los tres requerimientos acumulados— presentados por parlamentarios de oposición contra el proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional (Boletín N° 18.216-05).



El Reglamento de Inteligencia Artificial de Europa -conocido en la jerga regulatoria como “AI Act”, y formalmente como Reglamento (UE) 2024/1689- tuvo el 2 de agosto pasado un hito que en Chile pasó casi sin ruido 

La madrugada del 16 de julio, el Senado despachó el proyecto de Reconstrucción Nacional, incluyendo su norma más discutida: un régimen de invariabilidad tributaria de hasta 20 años para las grandes inversiones, aprobado por 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención.

La reciente sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que anuló el laudo arbitral dictado en el caso Joyvio con los antiguos controladores de Australis Seafoods probablemente será recordada como uno de los precedentes más relevantes del arbitraje comercial internacional chileno bajo la Ley N.º 19.971. Sin embargo, reducir su importancia a una simple declaración de extra petita sería perder de vista el verdadero problema que el caso pone de manifiesto.


El empate en el Senado sobre el levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial previa fue presentado como una defensa de las garantías constitucionales. Pero el debate real es otro: si el control judicial preventivo en materia de inteligencia financiera es una garantía sustantiva o un ritual heredado que hoy genera asimetrías competitivas en el sistema financiero.


El reciente rechazo parlamentario a la norma sobre minería de datos e inteligencia artificial incorporada en el denominado proyecto de ley miscelánea impulsado por el gobierno abrió una discusión que Chile inevitablemente deberá enfrentar tarde o temprano: cómo compatibilizar el desarrollo de la inteligencia artificial con la protección del derecho de autor.


La demanda presentada en Estados Unidos contra Meta y Mark Zuckerberg por el supuesto uso de millones de libros pirateados para entrenar modelos de inteligencia artificial ha generado alarma en Chile. No solo por la magnitud del caso, sino porque coincidió con la discusión del proyecto de ley impulsado por el Gobierno que busca incorporar excepciones de minería de datos y textos a la Ley de Propiedad Intelectual. Sin embargo, ambas cuestiones -aunque relacionadas- no son jurídicamente equivalentes. Y confundirlas puede llevar a un debate profundamente equivocado.


Con notable intensidad, se ha instalado en el debate público y académico una tesis que merece examen riguroso: que los sistemas de inteligencia artificial generativa estarían apropiándose gratuitamente del trabajo ajeno mediante procesos de minería de datos sobre contenidos protegidos