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Francisco Pinochet |
El empate en el Senado sobre el levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial previa fue presentado como una defensa de las garantías constitucionales. Pero el debate real es otro: si el control judicial preventivo en materia de inteligencia financiera es una garantía sustantiva o un ritual heredado que hoy genera asimetrías competitivas en el sistema financiero.
El reciente rechazo parlamentario a la norma sobre minería de datos e inteligencia artificial incorporada en el denominado proyecto de ley miscelánea impulsado por el gobierno abrió una discusión que Chile inevitablemente deberá enfrentar tarde o temprano: cómo compatibilizar el desarrollo de la inteligencia artificial con la protección del derecho de autor.
La demanda presentada en Estados Unidos contra Meta y Mark Zuckerberg por el supuesto uso de millones de libros pirateados para entrenar modelos de inteligencia artificial ha generado alarma en Chile. No solo por la magnitud del caso, sino porque coincidió con la discusión del proyecto de ley impulsado por el Gobierno que busca incorporar excepciones de minería de datos y textos a la Ley de Propiedad Intelectual. Sin embargo, ambas cuestiones -aunque relacionadas- no son jurídicamente equivalentes. Y confundirlas puede llevar a un debate profundamente equivocado.
Con notable intensidad, se ha instalado en el debate público y académico una tesis que merece examen riguroso: que los sistemas de inteligencia artificial generativa estarían apropiándose gratuitamente del trabajo ajeno mediante procesos de minería de datos sobre contenidos protegidos
En medio del debate sobre la reactivación del sector inmobiliario, el Gobierno del Presidente Kast ha puesto sobre la mesa una propuesta que, más allá de su contenido económico, merece ser destacada por su diseño jurídico: la exención transitoria del IVA para la venta de viviendas nuevas. Se trata, sin duda, de una iniciativa que apunta en la dirección correcta. Pero más interesante aún es la forma en que se busca implementarla.
La reciente formalización del denominado “Caso Bruma”, ante el Juzgado de Garantía de Coronel, no es solo una señal de alerta. Es, en términos estrictos, la antesala de algo más grave: la eventual querella penal directa contra la persona jurídica y su eventual condena bajo la Ley N° 20.393, en su versión reforzada por la Ley N° 21.595.
La tragedia ocurrida en la autopista General Velásquez, en la comuna de Renca, donde la explosión de un camión que transportaba gas licuado provocó la muerte de trece personas, ha generado una comprensible conmoción pública. Frente a hechos de esta magnitud, la reacción natural de la sociedad es buscar responsables. La querella presentada por el ex fiscal Carlos Gajardo, patrocinando a la viuda de una de las víctimas, intenta precisamente dar una respuesta jurídica a esa necesidad: atribuir responsabilidad penal a la empresa Gasco invocando la Ley 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, reforzada ahora por la Ley 21.595 sobre nuevos delitos económicos.
En el caso Audio-Factop hay una discusión que no es jurídica. Es de sentido común.
En macroeconomía básica, -de la que estudiamos incluso en clases de derecho económico- la estabilización de precios puede moderar el ciclo, pero no destruye por sí sola el potencial de expansión de una economía. Lo que sí lo destruye es la incertidumbre institucional, la inseguridad regulatoria, el debilitamiento de la inversión y las señales políticas contradictorias.
La respuesta es muy simple: porque no se les había ocurrido nombrar en este cargo a un (a) fiscal, con todas las ventajas que esto conlleva y que analizamos en esta columna. En efecto, en el debate público chileno, pocas cosas generan más suspicacia que el cruce entre “persecución penal” y “conducción política de la seguridad”. La designación de Trinidad Steiner como futura ministra de Seguridad ha reactivado un reflejo conocido: la idea de que el paso desde la Fiscalía a un cargo político sería, por definición, impropio o anómalo.