Los graves problemas que el Presidente de Estados unidos está provocando en Texas han pasado curiosamente desapercibidos para los medios de noticias en Chile. Existe una batalla que va escalando permanentemente entre Biden y gobernador de Texas, Greg Abbott, a tal punto que diversos comentaristas han señalado que una "guerra civil" estaría a punto de estallar en Estados Unidos.
Abbot ha ordenado a la Guardia Nacional de Texas, a través de la llamada Operación Lone Star, la instalación de barreras de alambres en todos los pasos y áreas ilegales, prohibidas, no habilitadas y de alto riesgo en desiertos, pasos fronterizos e incluso en ríos profundos en que pueden morir adultos, jóvenes o niños, ahogados, se han puesto boyas barrera todos lugares que además son utilizados por carteles de narcotraficantes, quienes intentan controlar esos lugares, para utilizarlos como base de sus operaciones y además para el tráfico de inmigrantes que desean ingresar a Estados Unidos. Es sabido que las organizaciones criminales transnacionales han convertido el tráfico humano en un negocio multimillonario y que tratan a los migrantes como si fueran mercancía.
La respuesta del Presidente Biden fue ordenar a la Guardia Fronteriza sacar esas protecciones, escalando rápidamente el conflicto a la Corte Suprema del país, la cual le dio la razón a éste, pero solo en cuanto a las facultades de la Patrulla Fronteriza –porque ésta es federal- para retirar alambradas y protecciones por cumplir su función, precisamente, de resguardo de las fronteras. Las políticas de inmigración del Presidente Biden son rechazadas en un estado donde ingresan diariamente más de 2.500 personas de manera irregular. El gran problema es que Biden promete proteger la frontera y terminar con los ingresos ilegales, pero sus medidas van en el sentido totalmente opuesto. En efecto, Biden ordenó retirar las alambradas y cercos que había instalado la Guardia Fronteriza generando fuertes conflictos, que son los que hacen hablar del riesgo de una guerra civil.
Además el Presidente se opuso a la Ley SB4 –se denomina así ya que es una ley del Senado de Texas- que considera como delito estatal el ingreso de inmigrantes que lo hagan de manera ilegal, lo que a su vez permite a los policías detenerlos y autoriza a los jueces estatales a ordenar la expulsión de migrantes a México.
Abbott defiende el "derecho constitucional a la autodefensa" de Texas en respuesta a las políticas de inmigración de Biden y es por esto que distintas personalidades comenzaron a especular con la posibilidad de que estalle una guerra.
Sin embargo, hasta ahora la guerra solo se ha dado en el ámbito político, acusándose republicanos y demócratas, recíprocamente, de intentar sacar provecho político.
Los aliados republicanos de Abbott, entre los que se encuentran el gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, el gobernador de Florida, Ron De Santis, y el gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, han expresado su apoyo a su postura.
La disputa entre Abbott y el gobierno de Biden se ha intensificado en las últimas semanas. El gobernador intensificó la Operación Lone Star y aumentado las funciones policiales del Departamento de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional de Texas. A principios de este mes, las autoridades de Texas tomaron un parque público a orillas del Río Grande en Eagle Pass –el Shelby Park- y bloquearon el acceso de los agentes de la Patrulla Fronteriza a unos 3,2 kilómetros de la frontera sur.
En medio de esta situación miembros de la Guardia Nacional de Texas desafiando a Biden comenzaron a erigir nuevas barreras de alambre.
El presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, Brandon Judd, defendió las acciones de Abbott, diciendo a Fox News que el gobernador no estaba perjudicando las operaciones, sino "mejorándolas."
"Su toma de control de Shelby Park permite a nuestros agentes desplegarse en puntos conflictivos que experimentan un alto número de fugas", dijo el presidente del sindicato. "Las acciones del gobernador Abbott deberían verse como un multiplicador de fuerzas".
Junto con inmigrantes honestos que buscan mejorar sus condiciones de vida, ingresa también un número indeterminado de narcotraficantes sicarios y todo tipo de delincuentes. Y Biden impide que haya el más mínimo control a este ingreso y pareciera no importarle. Se trata en consecuencia de un grave problema de pérdida de soberanía del país.
Sin duda el problema humanitario es gigantesco. Jamás quisiera ninguno de nosotros ser un inmigrante que necesite entrar ilegalmente a ese país. Pero se plantea la fundamental interrogante de si se debe permitir el ingreso ilegal y no controlado a un país por razones humanitarias. Se debe considerar además el alto impacto que genera en la población de este país, el cual se ve desbordado, comenzado a vivir los inmigrantes bajo en espacios públicos, bajo autopistas o hacinados en lugares de baja salubridad y unos pocos afortunados en refugios proporcionados por los gobiernos estatales, pero que ya están todos saturados.
Cabe además preguntar si es justo para los inmigrantes que entraron de manera legal y se han sometido al cumplimiento de todos los requisitos necesarios para la obtención de visa de residencia. ¿Resiste un país con una economía tan poderosa el ingreso de 6 mil inmigrantes diarios?
Todo esto con la mirada hipócrita de los jefes de estado de los países cuyas economías empobrecidas causan la necesidad de emigrar desde sus países, como es el caso de México y Venezuela.
Los problemas de Texas ¿suenan al lector familiares con lo que ocurre en Chile?
Francisco José Pinochet Cantwell
Doctor en Derecho
Universidad Nacional de Rosario, Argentina
Ll.M California Western School of Law
Profesor de Derecho Procesal Civil
Universidad Católica de Chile