La importancia del arresto en Francia del creador de Telegram

Pavel Durov, el millonario empresario ruso y fundador del popular sistema de mensajería en línea Telegram, ha sido arrestado en Francia por acusaciones de complicidad, en el uso de esta plataforma, para la comisión de diversos delitos que van desde la pornografía infantil el tráfico de drogas, la comercialización de equipos, herramientas, programas o datos diseñados o adaptados para obtener acceso y poder dañar sistemas informáticos –el malware- los que se utilizan a su vez para cometer otros delitos como fraudes informáticos y cualquier forma de hackeo con fines ilícitos. Todas actividades son claramente ilegales y las plataformas tienen la obligación de impedirlas si detectan que se están produciendo.

El debate sobre la responsabilidad de las plataformas digitales en la moderación de contenido y su papel en la lucha contra el crimen en línea ha originado un intenso debate en relación a la protección del derecho a la libre expresión, el cual para nosotros parece zanjado desde antemano.

Durov, conocido por su discurso en favor de la privacidad y la libertad de expresión, ha construido Telegram como un refugio para aquellos que buscan una alternativa a las redes sociales dominadas por la publicidad y la vigilancia, pero en aras de esa libertad no se puede permitir la utilización de éstas para la comisión de delitos. Sería como pedirle a un banco que no reporte a las autoridades financieras los movimientos sospechosos en una cuenta corriente en la lucha contra el lavado de dinero. Telegram está obligada a endurecer sus políticas de moderación en contra de asociaciones delictuales –en rigor la moderación es para frenar la propagación de la violencia- siendo necesario cerrar las cuentas de miembros de organizaciones delictuales.

Los procesos abiertos en Francia tocan un tema muy sensible y actual a la vez que urgente de solucionar: hasta qué punto son responsables los desarrolladores de tecnología y las empresas que gestionan estas plataformas sobre el comportamiento de sus usuarios. La justicia francesa argumenta que Telegram no ha hecho lo suficiente para prevenir y eliminar la actividad ilícita que tiene lugar en esta aplicación. Esta perspectiva refleja una tendencia más amplia en la regulación de Internet y del uso de plataformas digitales, donde se solicita cada vez más a las empresas que asuman un papel activo en la supervisión y gestión del contenido publicado por los usuarios.

La decisión de prohibir la salida de Durov del país eleva el nivel de severidad de las acusaciones y subraya la seriedad con la que se están tomando estos temas legales. Para muchos, esta acción puede variar entre ser vista como una medida necesaria para garantizar la justicia y una nueva forma de censura sobre la innovación y la empresa privada.

Sin embargo, esa postura no nos parece sostenible. En un mundo donde la tecnología avanza más rápido que la legislación, la figura de Durov nos recuerda que la innovación conlleva responsabilidad. La esperanza es que este caso no solo tenga implicaciones personales para él, sino que también abra un diálogo más amplio sobre cómo deben operar las plataformas digitales en el futuro. La intersección entre libertad de expresión, responsabilidad empresarial y la lucha contra el crimen debe ser navegada con cuidado, y el desenlace de esta situación en Francia podría sentar precedentes importantes en esta conversación global.

En este debate destaca la necesidad urgente de que las legislaciones se adapten a la realidad actual. Las leyes deben evolucionar para abordar los desafíos únicos que presentan las plataformas digitales, que, en muchos casos, funcionan en múltiples jurisdicciones y se enfrentan a normativas dispares. Si bien la responsabilidad de moderar el contenido debe recaer de alguna manera sobre las empresas que proveen estos servicios, también es crucial que la regulación no limite la innovación ni el derecho a la privacidad.

La historia de Pavel Durov podría convertirse en un referente de cómo la búsqueda de la libertad digital y la responsabilidad corporativa pueden, y deben, coexistir en el mundo moderno.

Francisco José Pinochet Cantwell

Doctor en Derecho

Universidad Nacional de Rosario, Argentina

LL.M California Western School of Law

Profesor de Derecho Procesal Civil

Universidad Católica de Chile