Francisco José Pinochet Cantwell

Pavel Durov, el millonario empresario ruso y fundador del popular sistema de mensajería en línea Telegram, ha sido arrestado en Francia por acusaciones de complicidad, en el uso de esta plataforma, para la comisión de diversos delitos que van desde la pornografía infantil el tráfico de drogas, la comercialización de equipos, herramientas, programas o datos diseñados o adaptados para obtener acceso y poder dañar sistemas informáticos –el malware- los que se utilizan a su vez para cometer otros delitos como fraudes informáticos y cualquier forma de hackeo con fines ilícitos. Todas actividades son claramente ilegales y las plataformas tienen la obligación de impedirlas si detectan que se están produciendo.

Después de un intenso debate parlamentario, se logró la aprobación de la llamada ley de usurpación, la que crea nuevos tipos penales que regulan este delito, sustituyendo la pena de multa por las de presidio en distintos grados -dependiendo de la gravedad de los hechos. Así, el 24 de noviembre de 2023, fue publicada en el Diario Oficial la Ley N° 21.633, que regula los delitos de ocupación ilegal de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas e incorpora mecanismos eficientes de restitución. 

El recién electo Presidente de la Nación Argentina, Javier Milei tiene como unos de sus principales desafíos fortalecer el Estado de Derecho en ese país en diversos ámbitos, siendo uno de los más importantes, el de la independencia judicial en el nombramiento de los jueces. 

El recurso de protección -en adelante RP- ha sido el instrumento jurídico más valioso de los últimos 40 años en resguardo de los derechos fundamentales de las personas. Ha sido con ocasión del mismo, donde la Corte Suprema durante décadas, se ha distinguido por una línea jurisprudencial que ha enriquecido e incrementado la protección de estos derechos, haciendo posible el amparo incluso a algunos que no se encuentran expresamente contemplados en la Constitución o a ciertos ámbitos de tales derechos no cubiertos, o a aquellos que el texto constitucional no había previsto garantizar con esta acción -por temor a que no se pudiera asumir por el Estado los costos que significa dicha protección.