Coaching ontológico con fondos públicos: ¿Humor o fraude?

En Chile hemos visto muchas formas creativas de financiar campañas políticas: boletas falsas, platas trianguladas, sobres con olor a impresora… pero lo que no habíamos visto, hasta ahora, era el coaching ontológico como instrumento de fraude electoral. El gobernador Claudio Orrego nos ha regalado esta nueva joya del ingenio público: gastar más de 30 millones de pesos en sesiones de “transformación institucional” que, vaya coincidencia, servían para afinar su reelección.

No se trató de contratar un publicista ni un jefe de campaña. Fue más elevado: un coach ontológico. Porque nada dice “gestión moderna” como sentarse en círculo, cerrar los ojos y preguntarse: ¿quién soy como observador político en medio del sistema electoral chileno?

Lo más interesante de esta operación es su nivel de sofisticación espiritual. Mientras la mayoría de los políticos hace campaña con banderas y panfletos, Orrego lo hace con sesiones de alineación narrativa, observación de los contextos emocionales, y exploración del relato político. Al parecer, en vez de discursos, los candidatos ahora “co-crean futuros posibles desde la corporalidad del liderazgo”.

Claro, todo esto financiado con recursos del Gobierno Regional, no de su bolsillo. Porque lo ontológico no paga impuestos, pero sí factura.

Más allá de la forma, el fondo del asunto sigue siendo el mismo: la necesidad de resguardar la integridad del gasto público y asegurar que este no sea utilizado para fines personales o electorales. La existencia de documentos que hacen referencia a términos como “reposicionamiento” o “reelección” refuerza la preocupación sobre la naturaleza de los servicios contratados.

La utilización de recursos públicos para fines electorales constituye una infracción a la Ley N.º 19.884 sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, específicamente en sus artículos 30 y 31, que prohíben expresamente el uso de bienes y recursos del Estado para apoyar candidaturas. Asimismo, compromete principios de probidad administrativa consagrados en la Ley N.º 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

La Contraloría, revisó los documentos y encontró que varias sesiones giraban en torno a cómo diferenciar a Orrego de otros candidatos (uno de ellos, incluso con apellidos similares: ¡qué trampa del lenguaje!). También se abordaron estrategias para captar apoyos empresariales y dialogar con el PC, todo muy “institucional”, por supuesto.

Lo que tenemos aquí no es solo una irregularidad. Es una obra de teatro. Un performance administrativo. Un intento de vestir con ropas existencialistas lo que, en esencia, es lo de siempre: gastar recursos públicos para asegurar el próximo período. La diferencia está en que ahora no se hace desde la trastienda, sino desde el centro de meditación grupal.

Orrego dice que todo esto comenzó en 2021, como si el paso del tiempo borrara la intención. Que no hubo fines electorales. Que nadie habló de campaña. Pero los documentos están ahí, llenos de frases elevadas, con palabras como “desempeño”, “relato”, “reposicionamiento” y “reelección”. A lo mejor lo que falta es una sesión de coaching para explicarle la diferencia entre institucionalidad y conveniencia.

Algunas cifras. $31,3 millones fueron pagados por el servicio de “asesoría especializada en el 2024” (coaching ontológico), detectado por la Contraloría, que identificó 52 sesiones donde al menos 16 contenían contenido político y de campaña. La consultora Vera y Asociados S.A., propiedad de Juan Vera Gil, tuvo 10 contratos vía trato directo durante la administración de Orrego, acumulando cerca de $240 millones CLP destinados a “capacitación y acompañamiento estratégico” desde 2021 hasta 2024.

A diferencia de lo que ocurre en Chile, donde la opacidad y ambigüedad de estas contrataciones parecen ser regla, países como Canadá o Alemania regulan estrictamente el uso de fondos públicos para este tipo de actividades. En dichos Estados, los programas de coaching en el sector público deben contar con aprobación previa de entidades técnicas y estar directamente vinculados a objetivos institucionales medibles, como mejoras en productividad, liderazgo efectivo o salud laboral demostrable. Además, deben ser parte de un plan de desarrollo profesional validado, con evaluaciones de impacto ex post. Nada de “alineaciones de propósito” sin evidencia, ni “viajes interiores” a costa del contribuyente.

La política requiere cada vez más estándares claros de transparencia y responsabilidad. Casos como este deben llevarnos a revisar no solo las prácticas administrativas, sino también los criterios con los que se evalúan contrataciones financiadas con fondos públicos.

Si no se pone atajo a esto, mañana podríamos ver a otros gobernadores contratando talleres de reiki para reforzar sus territorios, o alcaldes o concejales haciendo biodanza para mejorar la participación ciudadana. El límite ya se cruzó.

La política chilena podrá ser muchas cosas… pero jamás nos dejará de sorprender con su creatividad para mezclar mística con presupuesto público.

Francisco José Pinochet Cantwell

Doctor en Derecho

Universidad Nacional de Rosario, Argentina

LL.M California Western School of Law, USA

Profesor de Derecho

Universidad Católica de Chile