¿Podría la regulación legal de Chile haber impedido el cripto fiasco de argentina?

El crecimiento de las criptomonedas en América Latina ha generado respuestas regulatorias dispares. Mientras algunos países han avanzado en la construcción de marcos normativos claros, otros han adoptado un enfoque más cauteloso, permitiendo que el mercado se autorregule con ciertas restricciones. Chile y Argentina representan dos modelos distintos en la regulación de los criptoactivos: uno más prudente y recién en desarrollo, y otro más pragmático, impulsado por urgencias económicas.

En Chile, el reconocimiento legal de las criptomonedas ha sido históricamente difuso. No son moneda de curso legal y, hasta hace poco, su estatus legal estaba en un limbo. Sin embargo, con la entrada en vigor de la Ley Fintech (Ley N° 21.521), se estableció un marco regulatorio para los criptoactivos dentro del ecosistema financiero. Aun así, la postura de las autoridades sigue siendo de advertencia y cautela, sin un reconocimiento expreso de las criptomonedas como medios de pago legítimos.

Argentina, en cambio, ha tomado un camino distinto. Aunque tampoco reconoce las criptomonedas como moneda de curso legal, su uso es mucho más extendido y aceptado, especialmente debido a las restricciones cambiarias y la inflación. El gobierno de Javier Milei ha mostrado una actitud más flexible respecto a los activos digitales, y la reciente Ley 27.739 establece lineamientos para su regulación, enfocándose en prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. A diferencia de Chile, en Argentina las criptomonedas no solo están integradas en el ecosistema financiero, sino que se han convertido en una necesidad para muchos ciudadanos.

En el ámbito tributario, Chile ha dado algunos pasos para incluir a las criptomonedas en su sistema impositivo. El Servicio de Impuestos Internos (SII) las considera activos digitales, y las ganancias obtenidas por su compraventa están sujetas a impuestos según las reglas generales del Impuesto a la Renta. No obstante, las operaciones con criptomonedas no están gravadas con IVA, ya que no cumplen con el requisito de corporalidad exigido por la legislación chilena para configurar un hecho gravado.

Argentina, en cambio, ha adoptado una postura más agresiva en términos fiscales. Las criptomonedas están sujetas al Impuesto a las Ganancias y al Impuesto sobre los Bienes Personales, lo que implica una carga tributaria significativa para los inversores. Además, cualquier transacción realizada a través de entidades financieras se encuentra gravada con el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha intensificado la fiscalización para evitar la evasión fiscal en operaciones con criptoactivos, lo que ha generado críticas por parte del ecosistema cripto local.

En cuanto a la supervisión y control, existe una disputa entre la regulación vs. Prohibición.

La supervisión del mercado cripto también presenta diferencias marcadas entre ambos países. Con la promulgación de la Ley Fintech, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en Chile adquirió facultades para regular a los proveedores de servicios financieros que operan con criptomonedas. Si bien esto otorga mayor seguridad a los inversores, el sector aún enfrenta barreras en su relación con la banca tradicional, lo que ha generado episodios como el cierre de cuentas a exchanges de criptomonedas por parte de bancos comerciales.

En Argentina, la supervisión recae sobre la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Aunque los bancos tienen prohibido ofrecer servicios vinculados a criptoactivos, el ecosistema se ha desarrollado a través de plataformas peer-to-peer y exchanges que operan con cierta autonomía. Con la llegada del Presidente Milei al poder, se espera una flexibilización de las restricciones, pero el control sobre las operaciones seguirá siendo estricto en materia de prevención del lavado de activos.

La brecha entre la regulación y la necesidad. Uno de los puntos más notables en la diferencia entre Chile y Argentina es el uso de las criptomonedas en la vida cotidiana. En Chile, aunque no existen restricciones explícitas para la compra y venta de criptoactivos, el acceso a servicios bancarios para empresas del rubro sigue siendo un desafío. La desconfianza del sector financiero hacia las criptomonedas ha llevado a que muchas plataformas enfrenten dificultades para operar dentro del sistema formal.(caso Buda.com)

En Argentina, la realidad es completamente distinta. Las criptomonedas se han convertido en un refugio financiero frente a las restricciones para acceder al dólar y la constante depreciación del peso. A pesar de la supervisión estatal, su adopción es masiva, y la presión social ha impulsado un marco normativo más permisivo. La diferencia no es solo legal, sino cultural: en Argentina, las criptomonedas no son simplemente una inversión, sino una herramienta de supervivencia económica.

¿Hacia dónde va Chile?

Mientras Argentina avanza en la formalización del ecosistema cripto, Chile sigue en una fase inicial de regulación. La Ley Fintech es un avance significativo, pero aún falta un marco normativo más específico para las criptomonedas, que garantice seguridad jurídica sin sofocar la innovación.

El desafío para Chile es encontrar un equilibrio entre la regulación y la flexibilidad. La sobrecarga regulatoria podría frenar el desarrollo del sector, mientras que la falta de claridad legal podría seguir afectando la confianza de inversores y empresas. Lo que es claro es que, en un mundo donde las finanzas digitales avanzan rápidamente, quedarse inmóvil no es una opción.

Si Chile no define pronto una estrategia clara, corre el riesgo de quedarse rezagado frente a países como Argentina, que, pese a sus problemas macroeconómicos, ha entendido que el futuro financiero es digital.

Situaciones como el llamado cripto fiasco recién ocurrido, son solo una mala anécdota.

Francisco José Pinochet Cantwell

Doctor en Derecho

Universidad Nacional de Rosario, Argentina

LL.M Trial Advocacy, California Western School of Law

Profesor de Derecho

Universidad Católica de Chile