En América Latina, la inseguridad ciudadana no es solo un problema social, constituye un acelerado debacle económico que restringe el crecimiento, disuade o aleja cada vez más a la inversión local e internacional y al mismo tiempo, erosiona el capital empresarial y los fondos públicos. En tal sentido se observa que los niveles de inseguridad en la región, sobre todo en los últimos años, han ocasionado un impacto sobre el crecimiento y la estabilidad económica.
Según datos oficiales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se sostiene que América Latina y el Caribe en promedio presentan una tasa de homicidios de aproximadamente 25 por cada 100 000 habitante, lo que implicaría que casi se ha incrementado en tres veces el promedio global que es del 8 por 100 000. Además, los expertos en temas de seguridad estiman que alrededor del 30 al 50% de la población ha sido de alguna manera víctima de un delito cada año, y solo el 47% de los ciudadanos se sienten seguros o no han experimentado algún tipo de peligro proveniente de la inseguridad y la criminalidad.
Para poder evidenciar de mejor manera el comportamiento en términos porcentuales de la inseguridad en América Latina y el Caribe, se hará uso de un desglose por países del ranking de InSight Crime para 2024 que evidencia una tasa significativamente variable. Caso Ecuador en promedio se estima que, en este año fue del 38,8%, por lo cual se ubica entre las naciones sudamericana con el más alto nivel de asesinatos por cada 100.000 habitantes.
Colombia, ocupa en términos porcentuales el puesto número dos en inseguridad ciudadana, alcanzando para 2024 el 25,4% de criminalidad por cada 100.000 habitante. Le sigue Honduras, con un nivel de criminalidad del 25,3%. Brasil, ocuparía el cuarto lugar con un porcentaje de crimen del 21,1%. En este sentido el quinto lugar lo tendría Costa Rica, con el 16,6%.
En sexto lugar se ubica Guatemala, con el 16,6%, Panamá el séptimo lugar con el 12,9%, Paraguay en el octavo puesto, con el 12,9%, México en el noveno lugar con el 11,7%, Uruguay en el décimo puesto con el 10,6%, Perú en el décimo primer lugar con el 7,4%, Chile en el décimo segundo lugar con el 6,0%, Argentina se ubica en el décimo tercer lugar con el 3,8%, Bolivia se posiciona en el décimo cuarto lugar con el 3%, y El salvador décimo quinto lugar con el 1,9%, no se registra datos de alguna investigación, el que se menciona es el anunciado por el presidente Nayib Bukele. Para el caso de Venezuela no hay un dato cierto, se sostiene que el nivel de criminalidad el del 26,2% por cada 100.000 habitantes, mientras que otros monitoreo estiman que el 2024 fue del 4,1%.
Como se observa, en el 2024, es indiscutible, la medalla se la llevó el Ecuador, aunque, la tasa de criminalidad cayó en un 12,8 % respecto a 2023, continuó siendo la más alta de América Latina, con casi 7 000 homicidios en 2024. Perú, en contraste, registra tasas más bajas de homicidio, pero se sostiene los niveles de victimización en términos generales han experimentado un gran crecimiento, en lo relacionado a robos, extorsión, hurto y otros, que superan al 30% de los hogares de ese país.
La inseguridad trae consigo un creciente impacto económico y crea un agujero al Producto Interno Bruto (PIB) regional de aproximadamente el 3,5% anual, según estimaciones realizadas por el FMI. Implica entonces que, el alto nivel de inseguridad se transforma en un duro golpe en la asistencia social. Por tanto, es emergente reducir las tasas de criminalidad en todo el continente, lo que traería un significativo beneficio económico para el conjunto de la población y en especial para los sectores sociales mayormente vulnerables.
La inseguridad, traducida en crimen y violencia, trae incertidumbre, lo que provoca la desinversión y ahuyenta a los inversionistas nacionales y extranjeros. Su impacto es agresivo en la productividad, ya que ingente cantidad de recursos se desvían hacia seguridad privada y medidas defensivas hacia los aparatos de seguridad pública. A medida que aumenta la inseguridad, el estado destina mayor presupuesto a seguridad y justicia, reduciendo significativamente la inversión en salud, educación y en la obra pública.
Frente a esta realidad es recomendable que los gobiernos, tanto en América Latina como el Caribe, trabajen en función de atacar las causas y no solo sus efectos. Por ejemplo, atacar la pobreza, las desigualdades sociales, educación deficiente y exclusión social que son la materia prima del crimen. Se debe concentrar los esfuerzos de todo tipo, en barrios urbanos y marginales empobrecidos. Forjar la transparecia en las acciones judiciales y policiales. Desarrollar programas sociales efectivos enfocados a jóvenes en riesgo y dotar de una efectiva alternativa de inserción laboral, antes que priorizar el aumento de gastos en seguridad armada y militarizada.
En definitiva, la inseguridad ahuyenta la inversión, golpea la productividad, dispara el gasto empresarial y estatal y erosiona la democracia. Para que América Latina supere la inseguridad ciudadana, es imprescindible combinar la profesionalización del aparato de seguridad con programas sociales. Solo así podrá la región aspirar a un crecimiento económico sólido, inclusivo y sostenible.
Félix S. Pilay Toala
Profesor Universitario
Escritor, Analista económico y político
Doctor (PhD), Economista, Magister en Administración Pública.
Presidente, RED ICALC, (Red de Investigadores Científicos de América Latina y el Caribe).
Director de la Revista Científica “RedCiencia360”
Pilayfelix071@gmail.com
