Corrupción y modernización del Estado
Los últimos casos de corrupción acaecidos en el sector público muestran la urgencia de implementar un plan concreto para la modernización del Estado. Muchos de estas situaciones conocidas en los últimos meses se vinculan no solo a funcionarios corruptos, sino que también a autoridades indolentes que no asumen sus responsabilidades de gestión, seguimiento, control y evaluación y toma de decisiones en los ámbitos de su competencia.
Hay áreas críticas en las que debieran abordarse mejoras en la gestión del Estado. Una de ellas es la reorganización de las estructuras, reduciendo ministerios y servicios con un criterio de eficiencia y resultados. Existe un sinnúmero de servicios públicos que no justifican su existencia o rango, por ejemplo, los ministerios de Bienes Nacionales, Economía, Fomento y Turismo, Secretaría General de la Presidencia, Secretaría General de Gobierno.
En línea con lo anterior se debe hacer énfasis en la capacidad de coordinación efectiva de la gestión de toda la administración del Estado, lo que es condición sine qua non para enfrentar desafíos como la lucha contra el crimen organizado.
Fundamental también es la gestión de personas. En los últimos años el Estado ha crecido sistemáticamente por agregación. Actualmente hay más de 900.000 funcionarios de nivel central, regional y municipal, los cuales en general no están sometidos a exigencias de estándares técnicos mínimos. En este sentido, es clave estudiar una reforma estructural al sistema integral de relaciones contractuales entre el Estado y funcionarios, actualizando el estatuto administrativo que incluya, entre otros puntos, una evaluación de desempeño efectiva con la posibilidad de desvincular a funcionarios que no cumplan con su labor o se involucren en actos de corrupción.
Otros elementos angulares para mejorar la gestión pública son la transformación digital; elevar los estándares de transparencia y rendición de cuentas a todas las actuaciones del Estado; avanzar en la creación de una agencia de calidad autónoma que evalúe la gestión por resultados efectivos y por productividad, calidad e impacto de las políticas y programas públicos; y evaluar la eficiencia y eficacia de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), restándole todas las funciones donde tenga conflicto de intereses, como por ejemplo la evaluación de programas y políticas públicas.
Estas son sólo algunas líneas en las que es clave avanzar para lograr un Estado más eficiente y capaz de poner a raya la corrupción. En muchos casos no se requieren normas especiales sino la voluntad y la capacidad de gestión de las autoridades.
Eric Latorre
Director del Magíster en Administración Pública
Universidad Autónoma de Chile
