​Más de $26 mil millones y 71 mil licencias médicas falsas: comenzó el juicio del segundo mayor fraude en Chile

Por más de dos años y medio, una investigación liderada por la Fiscalía de Alta Complejidad, iniciada tras una denuncia del Consejo de Defensa del Estado en diciembre de 2022, destapó uno de los casos de fraude más graves en la historia de Chile. Se trata de una investigación a más de 470 médicos sospechosos de haber emitido en forma masiva licencias médicas falsas, más de 2.500 por año cada uno, configurando el segundo mayor caso de corrupción económica en el país, solo superado por el llamado “Pacogate”, escándalo de malversación de fondos públicos que involucró a Carabineros de Chile.

De ese universo de 470 médicos, 55 de ellos pasaron a ser parte de una investigación especializada por parte de la Fiscalía de Alta Complejidad. Fueron 18 los que enfrentaron este martes 15 de julio el inicio de su juicio oral, tras haber sido formalizados y acusados por el Ministerio Público. Siete de ellos permanecían en prisión preventiva desde finales de 2022. Las penas que arriesgan en abstracto podrían ir desde 5 años y un día hasta 27 años de cárcel, por los delitos de asociación ilícita, falsedad en la emisión de licencias médicas, fraude al sistema público de salud y lavado de activos.

Las cifras son impactantes: de los 470 médicos investigados, 41 abandonaron el país apenas supieron que estaban siendo indagados por emitir licencias fraudulentas. Entre abril de 2021 y julio de 2022, el total de licencias falsas generadas por estos profesionales asciende a 720 mil. Sólo los 18 acusados que enfrentaron el juicio emitieron 71.653 licencias fraudulentas, lo que representa un perjuicio económico de $26.606.306.606 de pesos para el sistema público. A esto se suma un daño al sistema privado, representado por clientes de isapres querellantes a través de ALTO Inmune, por un monto de $1.620.285.157 de pesos.

“El caso es gravísimo. Estamos frente al segundo fraude más grande de Chile. No estamos ante médicos que actuaron solos o de forma aislada. Aquí hay una organización estructurada, con jefaturas, subordinados, sociedades creadas para delinquir y roles diferenciados. Esto calza con todos los elementos de una asociación ilícita”, afirmó Rodrigo Varela, Gerente Legal de ALTO INMUNE, compañía que presta servicios estratégicos orientados a la disminución del ausentismo laboral en empresas y que es parte querellante en este caso.

Organización ilícita

Según la Fiscalía, en diciembre de 2022 se determinó que existían 5 líderes, algunos médicos y otros no, que creaban sociedades para concretar el ilícito. El modus operandi consistía en crear centros médicos ficticios o usar domicilios particulares como supuestas consultas, donde se contrataba a médicos extranjeros que, a través de estas sociedades, emitían licencias falsas. Los pacientes eran captados por terceros a través de redes sociales, personas sin formación médica que cobraban tarifas previamente establecidas. Bajo esta forma de defraudar, los líderes crearon más de 50 sociedades con el único fin de vender licencias.

Uno de los casos más llamativos es el del médico colombiano Jeffry Yessid Donado Alvis, quien permaneció en Chile sólo cinco días en abril de 2022, pero que, entre junio y diciembre del mismo año, emitió 4.091 licencias desde el centro médico Provimedc SPA. En total, firmó 7.287 licencias médicas para usuarios de Fonasa, de las cuales 5.296 generaron subsidios por incapacidad laboral, provocando un perjuicio al Estado de $2.557.865.347.

Un “negocio” millonario

El sistema estaba cuidadosamente “tarifado”. Por ejemplo, una licencia de 11 días costaba $33.000 si era presencial y $25.000 por telemedicina. Una de 15 días costaba $49.000; de 21 días, $58.000; y de 30 días, $70.000. Los captadores recibían entre $11.000 y $16.000 por licencia, dependiendo de su duración, mientras que a los médicos se les pagaba un monto fijo de $10.000 por licencia emitida, sin importar los días. El resto quedaba en manos de los socios. Todo el sistema funcionaba al margen del control tributario, sin emisión de boletas ni documentación formal.

“El que compra como el que vende tiene la misma responsabilidad penal. Ya hay afiliados que fueron formalizados y condenados en esta causa. Sin embargo, las condenas no fueron graves, lo que es una muy mala señal. Entendemos que, por una cuestión de escala y de recursos, el Ministerio Público optó por ir contra los responsables más directos del fraude. Pero lo que debiese pasar es que también se persiga la culpabilidad más allá del facultativo médico que entrega la licencia, ya que la ley no distingue entre quien compra y quien vende”, advierte Varela.

A diferencia del caso de licencias médicas irregulares detectado por la Contraloría General de la República en 2022 —que identificó un perjuicio fiscal de $11.768 millones de pesos por más de 28 mil licencias injustificadas emitidas principalmente en servicios públicos de salud—, el fraude que comenzó a juzgarse esta semana es significativamente más grave en escala, sofisticación y daño económico. “A diferencia del abuso individual o institucional reportado por la Contraloría, aquí se trata de una red delictiva organizada, con jefaturas, sociedades ficticias y roles diferenciados, que operó como un verdadero negocio criminal a gran escala”, especifica Varela.

Entre los 18 acusados que enfrentaron el juicio oral de este martes figuran 11 ciudadanos extranjeros de nacionalidad colombiana y 7 ciudadanos chilenos. Los imputados son médicos y captadores participantes de las sociedades creadas para defraudar:

Médicos:

Samir Enrique Rivaldo Hernández

Álvaro Enrique Gnecco Cervantes

Lizney Loreth de la Hoz Orozco

Obed José Urrea Pérez

Jeynner Olivero Álvarez

Yesica María Donado Alvis

José Joaquín Gnecco Cervantes

Ana Beatriz Toncel Peña

Karen Cecilia Mejía Cantillo

Jorge Antonio González Guerrero

Captadores:

Rodrigo Andrés Campos Cuello

José Luis Araya Barraza

Luis Alberto Jeria Hermosilla

Miguel Ángel López Hidalgo

Javiera Nikol Berdeja Felipez

Nancy Marianela Berdeja Felipez

Sharon Paola Cervantes Rodríguez

Marcelo Alberto Olivares López

“El Estado debe perseguir a toda la cadena: desde los emisores hasta quienes usufructuaron de una licencia que no necesitaban. Este no es un caso más, es el segundo mayor fraude del que se tenga registro en Chile, y eso exige una respuesta ejemplar”, concluye Rodrigo Varela.