Por qué Chile necesita una Fiscalía Nacional Administrativa
Las malas prácticas y los recientes cuestionamientos al sistema de salud, han abierto un debate serio y profundo sobre la forma en que el Estado investiga y sanciona las faltas administrativas dentro de sus propios servicios. Hoy tenemos un modelo fragmentado, ineficiente y, en muchos casos, profundamente injusto, donde las propias instituciones se ven obligadas a investigar las faltas de sus funcionarios, asumir el rol de juez y parte, y dictar sanciones que pueden tener consecuencias graves para las personas involucradas.
Por eso, es hora de proponer un cambio en las reglas del juego con la creación de una Fiscalía Nacional Administrativa, una entidad especializada, técnica y autónoma que asuma la tarea de investigar con rigurosidad y equidad los sumarios administrativos en todo el aparato público.
¿Por qué es tan necesaria? Primero, porque el volumen del problema ya es insostenible. Hoy existen cerca de 25.000 sumarios en curso, sin contar los procesos habituales que se abren año tras año. Cada servicio público involucrado debe destinar personal, tiempo y recursos para investigar, realizar entrevistas, recolectar declaraciones, contrastarlas, redactar informes y formular conclusiones. Esta carga administrativa tiene un costo altísimo y poco visible: desvía recursos humanos esenciales de su labor principal. Funcionarios que deberían estar atendiendo enfermos en hospitales, enseñando en escuelas, atendiendo público en oficinas públicas o fiscalizando el cumplimiento de leyes y normativas, terminan transformados en investigadores amateur. El resultado es un Estado menos eficiente, menos presente y menos cercano a la ciudadanía.
En segundo lugar, existe un problema de competencia técnica. Los funcionarios designados como fiscales en estos procesos muchas veces carecen de formación legal o experiencia en investigaciones complejas. En la práctica, se esperaría un ejército de abogados expertos para cubrir todos los casos, pero eso es imposible. ¿Cómo se supone que organismos como la JUNJI, los Servicios de Salud o cientos de municipios con presupuestos limitados pueden afrontar este desafío? Muchos ya se han visto obligados a contratar abogados externos, con el consiguiente costo para las arcas públicas.
El tercer asunto es aún más grave: la falta de imparcialidad. Hoy, los fiscales administrativos y los funcionarios investigados suelen ser colegas en la misma organización. Son compañeros de trabajo, parte de la misma cadena jerárquica, y a veces incluso amigos. ¿Qué tan justa y objetiva puede ser una investigación en ese contexto? El riesgo de empatía indebida, favoritismo o, por el contrario, animosidad personal, está siempre presente. Es un escenario que atenta contra el principio básico de justicia: la ecuanimidad.
Además, cuando las conclusiones de estos sumarios llegan a la autoridad del servicio, aparecen presiones políticas y corporativas. ¿Cómo decidir con independencia si la persona acusada pertenece al mismo partido político, o si hay gremios movilizados defendiendo o atacando al funcionario? Es inevitable que se generen decisiones desiguales: casos que duermen años hasta prescribir por conveniencia, y otros que se resuelven de manera express para mostrar “mano dura” con alguien fuera de los círculos de confianza.
Si queremos proteger los derechos de las personas, tanto de quienes denuncian como de quienes son denunciados, necesitamos sacar la investigación administrativa de la lógica de la familia interna. Debemos profesionalizarla, dotarla de criterios técnicos uniformes y someterla a estándares de justicia reales. Una Fiscalía Nacional Administrativa, tal vez parte de la tan valorada Contraloría General de la República, puede ser la solución. Contar con recursos bien asignados y muy costo-eficientes, permitiría precisamente centralizar y especializar la investigación sumarial, garantizando procesos más rápidos, transparentes y justos. Además, ayudaría a establecer sanciones proporcionales y fundamentadas, reforzando la confianza ciudadana en el Estado y desincentivando las malas prácticas.
En un país que aspira a modernizar su gestión pública, no podemos seguir postergando esta discusión. Una Fiscalía Nacional Administrativa es una necesidad democrática y una garantía básica de protección de los derechos de las personas y de la imagen y seriedad de nuestras instituciones.
Dr. Jorge Díaz, Ex Director del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, actual Presidente de la Sociedad Chilena de Medicina y Cirugía Estética, Sochimce
