El PC y la Dictadura Cubana
Sr. Director:
Negar una dictadura no la hace desaparecer, sería bueno que el PC así lo entienda; cambiarle el nombre, justificarla por sus supuestos logros o relativizarla según la ideología que la respalde no altera su esencia; por eso resulta intelectualmente deshonesto afirmar que Cuba no es una dictadura, del mismo modo que sería inaceptable negar que en Chile hubo una dictadura militar; en ambos casos, el patrón es claro: concentración del poder, represión de la disidencia y restricciones sistemáticas a las libertades fundamentales y los Derechos Humanos.
Este problema no es exclusivo de un país ni de una época: en América Latina, Nicaragua ha derivado hacia un régimen abiertamente autoritario, con persecución política, cierre de medios y eliminación de la competencia electoral real; en Venezuela, el vaciamiento de las instituciones democráticas, la cooptación del poder judicial y la criminalización de la oposición configuran un sistema donde la soberanía popular es puramente formal; incluso en contextos más discutidos, como El Salvador, la concentración de poder, el debilitamiento de los contrapesos institucionales y el uso excepcional y prolongado de estados de emergencia, plantean alertas serias sobre la deriva autoritaria, aunque ésta cuente con respaldo electoral.
El fenómeno tampoco es ajeno a Europa: en Hungría, el progresivo deterioro del Estado de derecho, la captura de los medios de comunicación y la subordinación del poder judicial han dado lugar a lo que muchos describen como un régimen “iliberal”: una democracia vaciada desde dentro, donde las elecciones existen, pero la competencia y la libertad política están profundamente erosionadas.
Frente a estos ejemplos, la discusión no debería centrarse en si un régimen “hizo cosas buenas” o si actuó en nombre de causas populares, de la seguridad o de la justicia social; ese razonamiento instala una distinción peligrosa: la idea de que existen dictaduras aceptables y otras condenables: no las hay. Cuando se suprimen libertades, se persigue a opositores, se controla la prensa y se gobierna sin límites efectivos al poder, el resultado es siempre el mismo, sin importar el signo ideológico ni el relato justificatorio.
Reconocer esto no implica equiparar historias nacionales, ni desconocer contextos distintos; conlleva algo más básico: coherencia democrática. No se puede condenar con razón las violaciones a los derechos humanos cometidas por una dictadura y, al mismo tiempo, minimizar o negar las que ocurren bajo otra porque resulta políticamente incómoda; la defensa de la democracia pierde toda credibilidad cuando se vuelve selectiva.
Decir las cosas por su nombre no es un gesto provocador, ni ideológico; sino un mínimo ético. Si de verdad creemos que la democracia y los derechos humanos no son negociables, entonces debemos afirmarlo sin matices convenientes. No hay dictaduras buenas o malas: hay dictaduras; y todas deben ser reconocidas y rechazadas como tales.
Felipe Vergara
Director de Postgrado Facultad de Economía y Negocios U. Andrés Bello
Analista Político Internacional
