Eric Latorre

Los últimos casos de corrupción acaecidos en el sector público muestran la urgencia de implementar un plan concreto para la modernización del Estado. Muchos de estas situaciones conocidas en los últimos meses se vinculan no solo a funcionarios corruptos, sino que también a autoridades indolentes que no asumen sus responsabilidades de gestión, seguimiento, control y evaluación y toma de decisiones en los ámbitos de su competencia.

La promulgación de la ley que modifica el código penal y el código procesal penal, que permitirá procesos más eficientes, protección de fiscales, jueces, víctimas y policías, penas más estrictas para reincidentes entre otros aspectos, es un avance importante en la lucha contra el crimen, pero si observamos el panorama en perspectiva nos daremos cuenta de que la gestión del gobierno está al debe.

La crisis de seguridad es el problema de Estado más importante que enfrenta nuestro país en la actualidad. El crimen organizado trasnacional (COT) se está instalando en el continente y en Chile, con la operación de grandes organizaciones delictuales: el Clan del Golfo de Colombia, los mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, y los venezolanos Tren de Aragua.