Licencias médicas: cuando la omisión cuesta miles de millones
Sr. Director:
El abuso en el uso de licencias médicas ya no puede ser considerado un problema puntual o anecdótico: se trata de un fenómeno estructural que está poniendo en jaque la sostenibilidad del sistema de salud chileno y la eficiencia del uso de recursos públicos y privados.
Los datos recientes entregados por la Contraloría General de la República no dejan lugar a dudas, al menos 3.500 funcionarios públicos presentaron licencias médicas emitidas por alguno de los 44 facultativos que son actualmente investigados por el Ministerio Público debido a la entrega o venta fraudulenta de dichos certificados. Todo esto, en un sistema donde Fonasa financia el 69% de los subsidios por incapacidad laboral, con una tasa de fiscalización de apenas un 3,5%.
Esta es solo la punta del iceberg. Existen formas de fraude aún más difíciles de detectar, como licencias falsas para trabajar en otro empleo, quedarse en casa sin causa médica o simplemente evadir responsabilidades laborales. Mientras tanto, el gasto por subsidios superó los $2,86 billones en 2023 y podría incluso triplicarse si se consideraran todas las irregularidades.
Desde hace más de 15 años, el sector privado ha desarrollado y aplicado herramientas de análisis de datos, compliance y gestión de cumplimiento que han demostrado resultados concretos: disminución del ausentismo, retornos anticipados al trabajo y significativos ahorros en recursos humanos y financieros. Sin embargo, estas soluciones siguen estando subutilizadas en el ámbito público.
Es hora de dejar atrás una lógica reactiva basada en sumarios ex post. Se requiere con urgencia una respuesta institucional robusta, colaborativa y preventiva. La experiencia existe, la tecnología también. Lo que falta es la voluntad de avanzar hacia un modelo público-privado de colaboración transparente, basado en evidencia y orientado a proteger el sistema. Cada día que pasa sin acción es un día más en que la legitimidad del sistema se erosiona y los recursos fiscales se siguen perdiendo.
Por Rodrigo Varela, Gerente Legal de ALTO Inmune
