Américo Ibarra Lara
La economía chilena ha experimentado una desaceleración en las últimas décadas, con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) que ha disminuido desde principios de los años 2000. A pesar de un impulso tras la pandemia, el crecimiento del PIB fue solo del 2,4% en 2022 y del 0,2% en 2023. Para 2024, las estimaciones oficiales prevén un crecimiento del PIB entre un rango del 2 y el 3%, influenciado por el componente "consumo de hogares", que enfrentaría condiciones financieras algo más favorables, un incremento de los salarios reales y del empleo.
Una de las consecuencias más relevante del denominado caso “convenios” han sido la restricciones o limitación de las transferencias directas, esto con el claro fin de resguardar el buen uso y la pertinencia del gasto público, sin embargo, estas medidas también han provocado un efecto no deseado, que es la falta de continuidad de programas en curso y con ello un evidente peligro de una baja sustantiva en la ejecución presupuestaria de múltiples organismos o instituciones públicas. Frente a esta situación, sin embargo, los Gobiernos Regionales – por una serie de modificaciones administrativas- podrían sortear con éxito este tipo de restricciones.
La Ley de Presupuestos para el año 2024 ha establecido una estructura de gastos de M US$1.825.593(978,07). De esta cantidad, M US$ 1.685.751 (92,2%) se destinarán a Inversión de Capital. Es importante destacar que estos fondos, designados como transferencia de capital en el subtítulo 33, no pueden utilizarse para financiar gastos en personal, bienes o servicios de consumo de las entidades receptoras.
A pesar de las mejoras en las expectativas económicas durante 2024 y de las medidas implementadas por el banco central para estimular el crecimiento y controlar la inflación, el sector de la construcción no ha seguido la misma tendencia positiva. A pesar del conjunto de medidas tomadas por el ejecutivo, como la garantía estatal del 10% del valor del inmueble para viviendas de hasta 4500 UF, la extensión de la cobertura del seguro de remate para viviendas entre 1.600 y 2.800 UF, y la ampliación del crédito especial IVA para empresas constructoras hasta el año 2026, los resultados no han sido los esperados.
El fenómeno de la inseguridad ciudadana es un problema social que ha desafiado a las autoridades y a la sociedad en general (la percepción del aumento de la delincuencia en el país el año 2022 fue en promedio de 90,6%, con una variación de 3,7 p.p., respecto del año anterior, ENUSC 2022).
La modernización del Estado y la descentralización son dos procesos fundamentales para el desarrollo y la eficiencia de la administración pública y son materias políticamente transversales de cuasi consenso entre los distintos partidos. Ambos conceptos están estrechamente relacionados, ya que la modernización del Estado implica la actualización y mejora de sus estructuras y procesos, adaptándolas a las demandas y desafíos de la sociedad contemporánea.
La inversión en obra pública es un pilar fundamental para el desarrollo económico y social de Chile, así como de cualquier país. La construcción de infraestructuras como carreteras, puentes, hospitales, escuelas y sistemas de transporte público desempeña un papel crucial en la mejora de la calidad de vida de la población y en el impulso de la actividad económica. En los últimos años, se ha observado un aumento significativo en la asignación de recursos hacia la inversión en obra pública, con el propósito de modernizar la infraestructura nacional y promover el crecimiento económico.
Las redes de trabajo interorganizacionales se han convertido en un elemento cada vez más relevante y común en el entorno actual. Estas redes representan muchas veces relaciones horizontales entre organizaciones que se respaldan mutuamente, sin que ninguna de ellas tenga la capacidad de imponer acciones comunes a las demás.
Durante 2023, se transaron vía licitación pública a nivel municipal MM $3.270.807 (más de 64 mil procesos licitatorios adjudicados). De ellos el 18 % (MM$603.078) correspondieron a procesos licitatorios en el rubro servicios de construcción y mantenimiento de los cuales MM$472.758 se refieren a construcción de obras civiles e infraestructura. En específico MM$433.180 a Construcción de Obras Civiles y MM$29.578 a pavimentación de carreteras o caminos.
Así como otros países de AL y el Caribe, Chile ha destinado recursos (humanos, tecnológicos, físicos y financieros) al diseño e implementación de instrumentos destinados a mejorar los desempeños institucionales.
Esto a mi juicio por al menos tres razones; la primera es que no existe una medición de la eficacia y eficiencia del desempeño de quienes optan por esta modalidad y la segunda es que tampoco existen mediciones del ahorro que genera para el estado la ausencia de dotación de oficinas gubernamentales, gastos básicos y superficie, entre otros y finalmente, porque el modelo no se vincula a ningún objetivo institucional medible.Estoy convencido que la implementación, desarrollo y fortalecimiento del teletrabajo en el sector público debe hacerse en base a indicadores objetivos de desempeño y cumplimiento de metas vinculados a objetivos institucionales o en su caso a proyectos de teletrabajo que mejoren un proceso de la gestión pública y por tanto, del bienestar colectivo.
La teoría económica da luces ciertas de la relación entre gasto e inversión pública y su impacto sobre el crecimiento económico. El aumento del gasto e inversión pública tiene un efecto positivo sobre la productividad de las empresas privadas en particular cuando se asegura y mejora la rentabilidad de las inversiones del sector privado.
Desde principios del siglo XIX en nuestro país se han definido y desarrollado políticas y programas que junto a una institucionalidad pública establecida, ha buscado resolver los problemas habitacionales y/o de vivienda tanto para sectores vulnerables, emergentes y clase media. Todo indica que su enfoque preferentemente se ha concentrado en priorizar la solución definitiva y su tenencia como respuesta a los problemas habitacionales; es decir, la opción es la casa propia y no resolver necesariamente la necesidad de alojamiento como vía alternativa.
El debate sobre la expansión versus la densificación de las ciudades, lleva décadas y es un tema de preocupación no solo en Chile, sino también en países desarrollados. El desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s) y la pandemia han influido a que los ciudadanos, que solían concentrarse en las zonas urbanas, prefieran reubicarse en zonas periféricas, suburbios o ciudades satélites en busca de mejores precios, condiciones y calidad de vida, que incluyen más espacio, privacidad y tranquilidad.
En el imaginario colectivo y en particular post estallido social se instaló la idea que era necesario reconocer y otorgar rango constitucional al derecho a la “vivienda adecuada” (Art N° 14, Numeral 29) y por tanto una parte de la sociedad valoraba se otorgara le otorga una categoría a nivel de un “derecho fundamental”.
La intervención estatal en el mercado de la construcción es crucial para satisfacer las necesidades de vivienda de la población, promover la movilidad social, reducir las desigualdades y fortalecer la cohesión social. Además, el sector de la construcción desempeña un papel significativo en la economía, contribuyendo aproximadamente al 7% del PIB y en el empleo es cercano al 8% de la fuerza de trabajo.
El Ministerio de Vivienda se encuentra ante un importante desafío para el año 2024, con un aumento del 11,9% en su presupuesto anual que representa un gasto cercano a los 4,92 billones de pesos destinados al Plan de Emergencia Habitacional (PEH). Este plan tiene como objetivo la construcción de más de 78 mil viviendas el próximo año, con un presupuesto de $3.59 billones, lo que representa el 73% del total.