Américo Ibarra Lara
El déficit habitacional constituye uno de los problemas más críticos que enfrenta Chile en la actualidad, expresándose en una falta de viviendas adecuadas para la población.
La ética debiera ser la mayor virtud de la política ya que de su fortaleza surge la calidad de la gobernanza y el bienestar de la sociedad.
En el contexto contemporáneo, el concepto de ciudad trasciende la simple noción de un asentamiento humano. Las ciudades, no son meras geografías, son más bien millones de biografías que se constituyen como ecosistemas y que evolucionan constantemente en respuesta a sus acciones y decisiones individuales y colectivas.
La distribución espacial de la actividad económica y la población en Chile ha sido históricamente desigual, con una marcada concentración en la Región Metropolitana. Este fenómeno, si bien no es exclusivo de Chile, ha adquirido características y dimensiones particulares.
El desarrollo territorial equitativo adquiere una relevancia fundamental en un contexto de creciente interconexión de los mercados, ya que es clave para lograr un crecimiento económico sostenible e inclusivo. En este marco, las actividades productivas locales se posicionan como elementos esenciales para impulsar dicho desarrollo, constituyendo los cimientos sobre los cuales debiera articularse la estructura socioeconómica de un territorio específico.
La descentralización es un concepto ampliamente utilizado en el ámbito político y social, que plantea la transferencia de poder y responsabilidades desde el gobierno central hacia entidades locales o regionales. Por estos días se argumenta que este proceso puede conducir a una mayor eficiencia administrativa, una adecuada representación de los intereses locales y una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones.
El transporte urbano desempeña un papel fundamental en el funcionamiento de una ciudad. Según diversos estudios, el 56% de la población mundial utiliza el sistema de transporte público. Antes de la pandemia, en Santiago, por ejemplo, se registraron 1.562 millones de transacciones en el sistema durante el año 2018, con un promedio de 5.5 millones de transacciones en días laborables y 1.100 millones de viajes contabilizados.
La economía chilena ha experimentado una desaceleración en las últimas décadas, con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) que ha disminuido desde principios de los años 2000. A pesar de un impulso tras la pandemia, el crecimiento del PIB fue solo del 2,4% en 2022 y del 0,2% en 2023. Para 2024, las estimaciones oficiales prevén un crecimiento del PIB entre un rango del 2 y el 3%, influenciado por el componente "consumo de hogares", que enfrentaría condiciones financieras algo más favorables, un incremento de los salarios reales y del empleo.
Una de las consecuencias más relevante del denominado caso “convenios” han sido la restricciones o limitación de las transferencias directas, esto con el claro fin de resguardar el buen uso y la pertinencia del gasto público, sin embargo, estas medidas también han provocado un efecto no deseado, que es la falta de continuidad de programas en curso y con ello un evidente peligro de una baja sustantiva en la ejecución presupuestaria de múltiples organismos o instituciones públicas. Frente a esta situación, sin embargo, los Gobiernos Regionales – por una serie de modificaciones administrativas- podrían sortear con éxito este tipo de restricciones.
La Ley de Presupuestos para el año 2024 ha establecido una estructura de gastos de M US$1.825.593(978,07). De esta cantidad, M US$ 1.685.751 (92,2%) se destinarán a Inversión de Capital. Es importante destacar que estos fondos, designados como transferencia de capital en el subtítulo 33, no pueden utilizarse para financiar gastos en personal, bienes o servicios de consumo de las entidades receptoras.
A pesar de las mejoras en las expectativas económicas durante 2024 y de las medidas implementadas por el banco central para estimular el crecimiento y controlar la inflación, el sector de la construcción no ha seguido la misma tendencia positiva. A pesar del conjunto de medidas tomadas por el ejecutivo, como la garantía estatal del 10% del valor del inmueble para viviendas de hasta 4500 UF, la extensión de la cobertura del seguro de remate para viviendas entre 1.600 y 2.800 UF, y la ampliación del crédito especial IVA para empresas constructoras hasta el año 2026, los resultados no han sido los esperados.
El fenómeno de la inseguridad ciudadana es un problema social que ha desafiado a las autoridades y a la sociedad en general (la percepción del aumento de la delincuencia en el país el año 2022 fue en promedio de 90,6%, con una variación de 3,7 p.p., respecto del año anterior, ENUSC 2022).
La modernización del Estado y la descentralización son dos procesos fundamentales para el desarrollo y la eficiencia de la administración pública y son materias políticamente transversales de cuasi consenso entre los distintos partidos. Ambos conceptos están estrechamente relacionados, ya que la modernización del Estado implica la actualización y mejora de sus estructuras y procesos, adaptándolas a las demandas y desafíos de la sociedad contemporánea.
La inversión en obra pública es un pilar fundamental para el desarrollo económico y social de Chile, así como de cualquier país. La construcción de infraestructuras como carreteras, puentes, hospitales, escuelas y sistemas de transporte público desempeña un papel crucial en la mejora de la calidad de vida de la población y en el impulso de la actividad económica. En los últimos años, se ha observado un aumento significativo en la asignación de recursos hacia la inversión en obra pública, con el propósito de modernizar la infraestructura nacional y promover el crecimiento económico.
Las redes de trabajo interorganizacionales se han convertido en un elemento cada vez más relevante y común en el entorno actual. Estas redes representan muchas veces relaciones horizontales entre organizaciones que se respaldan mutuamente, sin que ninguna de ellas tenga la capacidad de imponer acciones comunes a las demás.
Durante 2023, se transaron vía licitación pública a nivel municipal MM $3.270.807 (más de 64 mil procesos licitatorios adjudicados). De ellos el 18 % (MM$603.078) correspondieron a procesos licitatorios en el rubro servicios de construcción y mantenimiento de los cuales MM$472.758 se refieren a construcción de obras civiles e infraestructura. En específico MM$433.180 a Construcción de Obras Civiles y MM$29.578 a pavimentación de carreteras o caminos.
Así como otros países de AL y el Caribe, Chile ha destinado recursos (humanos, tecnológicos, físicos y financieros) al diseño e implementación de instrumentos destinados a mejorar los desempeños institucionales.
Esto a mi juicio por al menos tres razones; la primera es que no existe una medición de la eficacia y eficiencia del desempeño de quienes optan por esta modalidad y la segunda es que tampoco existen mediciones del ahorro que genera para el estado la ausencia de dotación de oficinas gubernamentales, gastos básicos y superficie, entre otros y finalmente, porque el modelo no se vincula a ningún objetivo institucional medible.Estoy convencido que la implementación, desarrollo y fortalecimiento del teletrabajo en el sector público debe hacerse en base a indicadores objetivos de desempeño y cumplimiento de metas vinculados a objetivos institucionales o en su caso a proyectos de teletrabajo que mejoren un proceso de la gestión pública y por tanto, del bienestar colectivo.
La teoría económica da luces ciertas de la relación entre gasto e inversión pública y su impacto sobre el crecimiento económico. El aumento del gasto e inversión pública tiene un efecto positivo sobre la productividad de las empresas privadas en particular cuando se asegura y mejora la rentabilidad de las inversiones del sector privado.
Desde principios del siglo XIX en nuestro país se han definido y desarrollado políticas y programas que junto a una institucionalidad pública establecida, ha buscado resolver los problemas habitacionales y/o de vivienda tanto para sectores vulnerables, emergentes y clase media. Todo indica que su enfoque preferentemente se ha concentrado en priorizar la solución definitiva y su tenencia como respuesta a los problemas habitacionales; es decir, la opción es la casa propia y no resolver necesariamente la necesidad de alojamiento como vía alternativa.