La quimera del desarrollo territorial equitativo
El desarrollo territorial equitativo adquiere una relevancia fundamental en un contexto de creciente interconexión de los mercados, ya que es clave para lograr un crecimiento económico sostenible e inclusivo. En este marco, las actividades productivas locales se posicionan como elementos esenciales para impulsar dicho desarrollo, constituyendo los cimientos sobre los cuales debiera articularse la estructura socioeconómica de un territorio específico.
Tradicionalmente, este desarrollo se ha analizado desde una perspectiva sectorial, promoviendo determinadas industrias o actividades económicas en base a diagnósticos que demuestran ciertas ventajas comparativas o competitivas. Sin embargo, este enfoque ha demostrado ser limitado e insuficiente para abordar la complejidad de los procesos de transformación y crecimiento de los territorios. En las últimas décadas ha emergido un enfoque más integral que reconoce la importancia de las dinámicas locales, características culturales propias y la necesidad de fortalecer las capacidades endógenas de las comunidades.
Las actividades productivas locales, desde el plano teórico, tienen un papel protagónico al reflejar las potencialidades y recursos de un territorio determinado. Estas actividades, que abarcan desde la agricultura y la artesanía hasta la agroindustria y el turismo, no solo generan riqueza y empleo, sino que también contribuyen a preservar los vínculos socioculturales y la identidad de las comunidades.
Acortar o resolver las brechas de desigualdad territorial es un desafío complejo, especialmente cuando los datos públicos del año 2022 revelan grandes disparidades. Por ejemplo, de las 1.5 millones de empresas registradas en el Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile, el 25% se concentra en comunas como Santiago, Las Condes, Providencia, Viña del Mar, Puente Alto, Concepción, Maipú y Antofagasta. Mientras que Santiago, Providencia y Las Condes se destacan por su alta concentración de predios comerciales, habitacionales e industriales, absorbiendo el 40% de la mano de obra y el 70% de las ventas anuales. En contraste, comunas como Timaukel, Laguna Blanca, Ollagüe, Río Verde y General Lagos, en conjunto, tienen apenas 107 empresas y una fuerza laboral de hasta 610 trabajadores, con bajos indicadores habitacionales, productivos y comerciales.
Estas marcadas desigualdades territoriales muestran que los sistemas de gobernanza local, por sí solos y en un mediano plazo, no pueden responder a las exigencias de crecimiento y desarrollo. Para que ello ocurra, es necesario el apoyo de una institucionalidad supra local que promueva e incentive la inversión, desarrolle capacidades técnicas para los emprendedores locales y provea infraestructura y servicios de apoyo que faciliten su integración en cadenas de valor más amplias.
La descentralización de recursos y la autonomía en la toma de decisiones, debe dejar de ser una promesa y transformarse con urgencia en una realidad. Desde hace al menos un par de décadas resulta cada vez más evidente para cualquier comunidad el valor de la colaboración y coordinación público-privada y también de la participación de la sociedad civil, ya que sólo una construcción conjunta, compromete a todos y permite una visión compartida de futuro.
Américo Ibarra Lara,
Director Observatorio en Política Pública y Territorio
Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido
Universidad de Santiago de Chile
