|
Luis Riveros |
La necesidad de acuerdos es manifiesta en una serie de temas que el país necesita resolver. Existe la necesidad de que el país observe un diálogo constructivo entre los actores políticos más relevantes y un esquema en que los canales de expresión, sean los partidos políticos u otras organizaciones, pongan de relieve la voluntad de lograr acuerdos sobre materias sustantivas, alejando el ánimo confrontacional.
En estos días se empieza a cerrar el triste capítulo que ha vivido Venezuela en manos del chavismo. Un país que décadas atrás disfrutaba de una holgada situación económica y financiera sin comparación con lo que vivían los restantes países de américa latina. El petróleo fue una significativa fuente de ingresos, pero también la inversión externa le proveyó con recursos que permitieron modernizar y expandir la economía.
En la década de 1930 Chile sufría las consecuencias de una de las más cuentas crisis financieras en la historia mundial. Se necesitó de una visión de largo plazo en la política pública para alentar una estrategia que permitiera enfrentar la crisis de modo sostenible en lo productivo, como asimismo en lo social.
Nuestro país vive indisimuladamente una creciente y peligrosa tensión que se manifiesta en un amenazante escenario de antagonismos y disputas. Chile, en medio de gran desconcierto, vive tensionado por problemas no resueltos y que afectan la normal vida a que aspira la ciudadanía.
En noviembre de 2019, época de protestas y del estallido social, el Gobierno de Sebastián Piñera propuso la Ley 21.185, que congelaba las tarifas eléctricas para revertir el aumento de 9,2% que tendrían las cuentas de luz. Es de notar que las tarifas eléctricas son reguladas y fijadas por la autoridad, por lo que sus variaciones no corresponden a una decisión de las empresas distribuidoras eléctricas, las que solo están mandatadas a aplicarlas.
Prima una enorme lejanía entre los hechos y dichos de nuestros políticos, con respecto a las necesidades y demandas de la ciudadanía. Por cierto, esto no es un hecho saludable para el cuerpo social puesto que aleja las decisiones de política pública de las prioridades que en ellas deberían adquirir las demandas populares. Existen muchos ejemplos de cómo se da en los hechos esa lejanía al observarse, por ejemplo, los temas abordados en las sesiones de las dos ramas del Congreso Nacional y las angustias que viven las personas con sus ingentes necesidades.
Predomina una imagen de desorden en la Universidad de Chile a raíz de confusas manifestaciones estudiantiles que ponen en duda la solidez institucional para enfrentar conflictos. Son varias las demandas que se mencionan a través de distintas vocerías.
El país se encuentra profundamente desconcertado por la baja calidad del debate político, frente a la existencia de grandes problemas que permanecen prácticamente desatendidos a los ojos de la ciudadanía.
Dentro de los aspectos no mencionados en el último mensaje presidencial, y que sin embargo debiera ocupar una alta prioridad, se refiere a la situación de emergencia que está enfrentando el mercado laboral. Un reciente estudio de David Bravo ha puesto de relieve algunos indicadores que ponen en evidencia esta situación que constituye una verdadera emergencia.
En su titular principal un periódico calificó de “pijamada” la decisión del Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, de permanecer en su oficina durante la noche para así tratar de protegerla de las acciones de grupos extremistas que habían ocupado dependencias universitarias.