El país ha revivido las profundas divisiones que llevaron al cruento desenlace de hace 50 años. Tales divisiones no sólo se han conmemorado en un sentido histórico y constructivo, sino que han reedificado y en gran medida profundizado las mismas confrontaciones. El país dividido en mitades: sorprendentemente, un 51% del país afirma que la acción militar del 11 de septiembre era “inevitable”, mientras una rememoración teñida de intenciones por lado y lado ha logrado destacar la figura de Pinochet y poner bajo cuestionamiento la propia figura de Allende. Este resultado, inesperado para lo que venía observándose a lo largo de todos los últimos años, ha sido en gran medida propiciada por el afán de mantener viva la batalla ideológica, preocupándose además de actualizarla manteniendo vigente un escenario de intensa discordia. En eso no se han escatimado recursos ni acciones efectistas, como la propia “marcha” que encabezara el presidente frente al palacio de la Moneda, así sirviendo de preámbulo para una serie de destrozos y actos violentos. Todo esto denota un rotundo fracaso de la agenda establecida en materia de entendimiento, paz social y progreso efectivo hacia un compromiso por un nunca más. Y en esto han sido actores de las distintas vertientes políticas los que han colaborado para proseguir en un enfrentamiento tanto inútil como desproporcionado.
Las consideraciones deberían ahora centrarse en lo que viene. Un escenario no fácil, puesto que la economía se ha derrumbado y la crisis social de arrastre ha sido inevitable. La pregunta es si acaso hay una agenda del gobierno para enfrentar esta situación. No olvidemos que el desempleo ha seguido creciendo y poca mejoría se espera en lo que viene dado la caída en la inversión y el desempeño de sectores tan cruciales en la materia como la construcción y el comercio. La inflación ha estado cediendo más por los empeños del Banco Central que por un compromiso efectivo de control del gasto fiscal. Y en materia de crecimiento económico, el escenario se ha venido también deteriorando, llevando a un casi inevitable crecimiento negativo para este año 2023. Poco hay que hacer ya para este año, y las apuestas deben enfocarse en el año 2024, cuando aún se espera poder tener una fase de estancamiento en materia de crecimiento e inversión, y de una no mejoría significativa en materia de producción y empleo. ¿Cuál será la agenda del gobierno en los distintos escenarios? Aquí es donde tiene valor la pregunta acerca de qué es lo que se está planeando para después del desgaste que ha significado la celebración de los 50 años.
Pero están también los temas más estructurales. El gobierno seguirá insistiendo con dos reformas claves: tributaria y de pensiones. En cuanto a lo primero, llamado ahora “pacto fiscal”, debe destacarse el negativo efecto que ha tenido en la discusión la revelación del significativo fraude con recursos fiscales que habría envuelto el llamado caso convenios. La acusación sobe múltiples asignaciones directas desde el presupuesto público a fundaciones de carácter político (se investiga más de una treintena de ellas por montos totales superiores a los 30.000 millones de pesos) ha levantado una sombra de duda respecto a los controles efectivamente existentes en el servicio público y al mal uso de recursos que bien podrían haber sido asignados a prioridades sociales. Esto ha tejido un manto de dudas que hace muy difícil el defender la idea de que el gobierno necesite más recursos para sus programas y acciones, y de que existirá un mejor control de la ejecución del gasto. Y respecto de la reforma de pensiones, la discusión aún no ayuda a despejar el tema sobre la forma debe adquirir el ahorro y la gestión de los recursos previsionales. Se trata de ahorro de las personas y la discusión se centra en la forma de administrar y en los resultados esperados en materia de rentabilidad junto a un componente de solidaridad gestionado por el estado. Una gran mayoría expresa su voluntad de que el ahorro adicional vaya a cuentas individuales, así estrellándose contra la idea propiciada por el gobierno.
El gobierno necesita definir su curso futuro en materia económica y política. Pero también en materia social y de seguridad, dado el aumento en los niveles de pobreza y la magnitud significativa que ha alcanzado la delincuencia, el narcotráfico y la amenaza contra la ciudadanía. Es decir, no son pocos los temas y todos ellos revisten gran preocupación. Chile necesita con urgencia saber cuál será el curso de acción en todos estos frentes, para que la agenda positiva pueda reemplazar a los negativos estragos que han causado en la unidad nacional los recientes eventos de reminiscencia.
Prof. Luis A. Riveros
Universidad Central