Un debate razonable
La ciudadanía debe pronunciarse sobre el nuevo proyecto de Constitución Política. Esto se produce en medio de un verdadero agotamiento con respecto al conjunto de discusiones sobre la nueva Constitución, incluyendo los debates envueltos en el anterior proceso cuya propuesta fuera rotundamente rechazada. Posteriormente, por medio de una decisión política se implementó la continuación de la discusión constitucional, hasta la etapa decisoria en que nos encontramos. Teniendo como trasfondo las violentas protestas de 2019, se decidió seguir adelante, a pesar de que el acuerdo original era la vigencia de la Constitución de 1975 en el caso del rechazo del primer proyecto elaborado. Siempre argumentando buenas razones, entramos en este segundo proceso, caracterizado eso sí por una discusión más seria y menos mediática que aquella desarrollada anteriormente. Sin embargo, todo el proceso, hay que reconocerlo, ha llevado a un verdadero hastío por parte de una ciudadanía que no comprende a cabalidad la profundidad e importancia de la tarea. Sin disfraces ni actos mediáticos de por medio, la discusión cuyo resultado se vota en diciembre, se ha centrado en preparar un proyecto del cual se puede discrepar en su totalidad o en algunos de sus acápites, pero que envuelve una visión de sociedad que puede gustar o no. Sin embargo, la ciudadanía está cansada de los debates públicos sobre la materia, que usualmente enfatizan sólo algunos aspectos permitiendo que medie gran desinformación, y se rodean de descalificaciones. Se requiere un debate razonable.
La discusión sobre el proyecto de nueva Constitución transluce muchas temáticas que están sólo indirectamente vinculadas a la decisión requerida. Notoriamente, figuran en bambalinas las candidaturas o posiciones respecto a la próxima elección presidencial. En verdad cuesta hacer entender en muchos círculos que no es esto lo que se está decidiendo, como tampoco que no es un referéndum sobre posiciones políticas determinadas. La estructura y contenidos del instrumento principal del ordenamiento de la república es donde debiera radicar la discusión, pero ello se rodea de noticias falsas, interpretaciones malintencionadas y énfasis parcial en sólo algunos aspectos de interés para el ciudadano medio. El debate razonable requiere adentrarse en los aspectos fundamentales de contenido y requerimientos posteriores en materia de ley o nuevas entidades.
La ciudadanía está afectada por problemas urgentes que no coinciden con el trasfondo de las discusiones sobre el proyecto elaborado: desempleo, bajos ingresos, reducción de la inversión, delincuencia, violencia generalizada, narcotráfico, etc. Se percibe una lejanía absoluta entre la discusión política sobre la nueva constitución, y estos problemas que ahogan sistemáticamente a las familias chilenas. Toda esta discusión se da, además, en una realidad de analfabetismo funcional que domina al país, además del estructural bajo interés por las cuestiones relativas a los dilemas cívicos. Parece ser que se ha hecho un esfuerzo por parte de todo el mundo político por alejar esta temática tan importante del interés ciudadano, y que los resultados se den en función de focos de atracción más comunes y corrientes para la gente: por eso el debate se ha transformado en uno de la derecha contra la izquierda, o del gobierno contra la oposición. Es muy importante que prime la cordura y se establezcan las líneas fundamentales de lo que se está por decidir. Eso es también el fundamento que demanda un debate razonable.
De la próxima Constitución depende si el país puede o no adquirir una mayor estabilidad, que genere paz social y funcione como un atractivo para la inversión y el crecimiento. Si lo que se promete es rechazar el proyecto para seguir adelante con un nuevo proceso en el futuro, el mensaje es claro respecto de lo que implica para el país. El país debe meditar sobre los preceptos fundamentales del proyecto en sí: en materia del rediseño del sistema parlamentario, las modificaciones en temas tributarios, el reconocimiento de los pueblos ancestrales, la ratificación de los derechos de las mujeres, la libertad para que las familias puedan elegir la educación y sistema de salud para sus miembros, la protección del ahorro previsional, etc. El debate debiera focalizar estos y otros temas, en un contexto de ideas y respeto, y siempre en el espíritu de cerrar este proceso a la idea de una nueva etapa de discusiones y reelaboraciones que hacen, por lo demás, que el país pierda sentido de sus prioridades.
Prof. Luis A. Riveros
Universidad Central
