Germán Pinto

La doctrina y los organismos internacionales han definido los “impuestos verdes” como aquellos tributos que desmotivan conductas que anti-ambientales de los agentes económicos, aplicando el principio “el que contamina, paga”. Así también, existe el criterio que los fondos recaudados por esta desmotivación se destinan a paliar el daño en el ecosistema que realizan esas actividades económicas.

La semana pasada conocimos el informe de la Dirección de Presupuesto que señalaba el aumento en la recaudación del IVA de 28.500 millones de dólares a mayo del presente año, representando un importante incremento en relación con el año anterior, incremento generado por el dinamismo en el consumo privado que se estimuló por las ayudas fiscales y, principalmente, por los retiros de los fondos de pensiones.

Ya estamos conociendo los programas de los candidatos presidenciales y el tema tributario es transversal a todos ellos, lo cual es evidente y necesario, siendo la eliminación de las exenciones un común denominador que podemos apreciar, especialmente la eliminación del artículo 107 de la Ley sobre Impuestos a la Renta (LIR) que es malamente llamado exención a las ganancias de capital.

Esta medida proporcionará el cruce de información que permitirá focalizar las intervenciones futuras, asegurando el correcto cumplimiento tributario y una eficiente fiscalización.

Dado este planteamiento, no es aventurado pensar que la situación es muy dramática, que aún no se puede lograr el equilibro o alcanzar que sobrevivan estas complicadas empresas.

Me permito volver al tema de las disposiciones que conceden algún tipo de tratamiento beneficioso para los contribuyentes que realizan donaciones a instituciones de beneficencia, el cual ya he tratado en otras columnas.

Mucho se habla de la necesidad de la derogación del DFL 2 de 1959 que concede una serie de beneficios tributarios para viviendas cuyo metraje habitable no supere los 140 metros cuadrados.

Un amigo que es un importante académico señaló en un comentario publicado en la prensa nacional que los académicos no somos los encargados a entregar la palabra final sobre el establecimiento de impuestos, siendo los parlamentarios los obligados a realizar tal tarea.

Muchas personas me han consultado si el sistema tributario de nuestro país será definido por los constituyentes en el proceso que estamos pronto a comenzar. La respuesta es afirmativa y evidente, pero antes de realizar este ejercicio hay que definir lineamientos básicos que permitirán establecer aspectos cuya elección están en las antípodas de su fundamento y orientación.

Estamos viendo cómo la acción de nuestros políticos y parlamentarios se están realizando con mucha pasión, pero sin la mesura que los destinos del país requieren al no ponderar las consecuencias que las últimas leyes tienen, atendiendo solo las demandas sociales y dejándose seducir por el ambiente electoral y apetitos para lograr la aprobación popular.