Germán Pinto

Dado este planteamiento, no es aventurado pensar que la situación es muy dramática, que aún no se puede lograr el equilibro o alcanzar que sobrevivan estas complicadas empresas.

Me permito volver al tema de las disposiciones que conceden algún tipo de tratamiento beneficioso para los contribuyentes que realizan donaciones a instituciones de beneficencia, el cual ya he tratado en otras columnas.

Mucho se habla de la necesidad de la derogación del DFL 2 de 1959 que concede una serie de beneficios tributarios para viviendas cuyo metraje habitable no supere los 140 metros cuadrados.

Un amigo que es un importante académico señaló en un comentario publicado en la prensa nacional que los académicos no somos los encargados a entregar la palabra final sobre el establecimiento de impuestos, siendo los parlamentarios los obligados a realizar tal tarea.

Muchas personas me han consultado si el sistema tributario de nuestro país será definido por los constituyentes en el proceso que estamos pronto a comenzar. La respuesta es afirmativa y evidente, pero antes de realizar este ejercicio hay que definir lineamientos básicos que permitirán establecer aspectos cuya elección están en las antípodas de su fundamento y orientación.

Estamos viendo cómo la acción de nuestros políticos y parlamentarios se están realizando con mucha pasión, pero sin la mesura que los destinos del país requieren al no ponderar las consecuencias que las últimas leyes tienen, atendiendo solo las demandas sociales y dejándose seducir por el ambiente electoral y apetitos para lograr la aprobación popular. 

Siempre recuerdo una parte de las célebres obras del gran Coco Legrand de los años ochenta “No voten por mí” donde personificaba a un candidato a la presidencia que proponía tener un ministro de economía japonés para llevar a nuestro país a ser un país desarrollado, copiando el ejemplo que ese país daba en esos años. Lo jocoso de su propuesta era que, si nuestro crecimiento generaba problemas y había presiones por el éxito logrado, despedía al ministro japonés y colocaba a uno chileno para frenar la economía.

En la discusión (no digamos debate) de cómo solucionamos los problemas sociales con mayores impuestos, ha surgido la idea de bajar la tasa del IVA a ciertos productos como los combustibles, productos sanitarios, hotelería y funerarias, como así también dejar una tasa mucho más baja para productos básicos como pan, harina, leche, quesos, algunas verduras, libros y medicamentos. Se plantea esta idea para ayudar a la población más necesitada en el consumo de productos esenciales, produciendo un alivio en las economías domésticas.

Con mucha sorpresa leí el proyecto de ley que votó la Cámara de Diputadas y Diputados la semana pasada, que proponían aumentar “transitoriamente” la tasa del Impuesto a la Renta de Primera Categoría (IRPC) a un 30% por los ejercicios comerciales 2021 y 2022 a las “megaempresas”, como una forma de aumentar la recaudación tributaria aparejada de la moción de establecer un impuesto para los super ricos, todo ello con el objeto de crear un fondo para ir en ayuda de los sectores más desposeídos del país.

Con mucha alegría, y porqué no decirlo también, como mucho orgullo, recibí la noticia la semana pasada que la autoridad ha incluido la labor de los contadores dentro del listado de actividades esenciales para el país en estos momentos de pandemia. Tal vez no termine el avance del coronavirus con el trabajo contable, pero sí se podrá realizar la Operación Renta del Año Tributario 2021 de mejor forma, permitiendo que el Estado de Chile reciba los tributos requeridos para solucionar las ingentes necesidades sociales que estamos viviendo.