Una Solución Razonable

Hermógenes Pérez de Arce

Hace unos meses “El Mercurio” editorializó diciendo que al caso de las “platas políticas”, que afectaba a todos los partidos, debía buscársele un final razonable.

El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, replicó con una carta indignada al diario, diciendo que si lo que éste sugería era la impunidad, no estaba disponible.

Después, ambas partes de ese intercambio han guardado silencio, pero han hablado los hechos: al senador Moreira se le ha ofrecido una salida alternativa y con el pago de $35 millones se le pondrá término al procedimiento en su contra.

Y en “La Segunda” del viernes se dice que en los procesos que afectan al Presidente electo y en los que está formalizado su encargado electoral y ex gerente de su sociedad insignia, Bancard, “fuentes cercanas a la investigación (…) aseguraron que existen conversaciones para avanzar en una salida alternativa previo pago de $400 millones al fisco”.

Esto sería muy conveniente porque la funcionaria de SQM, Danitza Yepes, ha declarado que el actual Presidente electo fue, en persona, a pedir ayuda electoral a SQM. En cualquier momento podría resultar afectado por la investigación. De acuerdo a “La Segunda”, Bancard “habría facilitado facturas falsas a SQM”, además de “tres por $45 millones; cinco de Vox Pópuli por $26 millones y una de Administradora Bancorp por $318 millones. Estas dos últimas firmas son propiedad del ex Mandatario”.

Ya la salida alternativa a Moreira provocó la renuncia al Ministerio Público de los fiscales Gajardo y Norambuena, evidentemente presas de excesivo celo.

Todo conduce a pensar que en el caso que afecta al Presidente electo también se impondrá, finalmente, una solución razonable, es decir, se pondrá término al proceso mediante el pago de $400 millones, menor, incluso, al monto que él obtuvo mediante el empleo de facturas objetadas.

Es una cantidad perfectamente proporcionada a las cantidades que las firmas del Presidente electo obtuvieron empleando facturas objetadas y, al mismo tiempo, mediante su pago se pone término al proceso y se puede garantizar que la institucionalidad del país no será objeto de ninguna amenaza de inestabilidad surgida del ámbito judicial.