Las recientes tensiones comerciales entre Ecuador y Colombia, expresadas en la aplicación de medidas arancelarias y restricciones al comercio bilateral, reabren un debate relevante para América Latina: la viabilidad real de los procesos de integración económica regional frente al resurgimiento de políticas comerciales de corte proteccionista. Este episodio no solo refleja un conflicto puntual entre dos economías andinas, sino que evidencia debilidades estructurales persistentes en la gobernanza económica regional.
Desde la perspectiva de la economía política internacional, las guerras arancelarias suelen emerger en contextos de desaceleración económica, presión fiscal y demandas internas por protección del empleo y la producción nacional. América Latina presenta varias de estas condiciones de forma simultánea: bajo crecimiento tendencial, alta dependencia de exportaciones primarias, limitada diversificación productiva y una elevada sensibilidad política frente a los ciclos económicos. En este marco, el uso de aranceles se configura como una herramienta de política pública de corto plazo, orientada más a la señalización política que a la corrección efectiva de desequilibrios estructurales.
El caso Ecuador y Colombia resulta particularmente ilustrativo debido al grado de interdependencia productiva existente entre ambos países y a su pertenencia a esquemas de integración como la Comunidad Andina. La imposición de barreras comerciales en este contexto contraviene los principios de integración regional y genera externalidades negativas que trascienden a los países directamente involucrados. Entre estas se incluyen la fragmentación de cadenas de valor regionales, el aumento de costos de transacción y la reducción de la eficiencia asignativa del comercio intrarregional.
La posibilidad de que este tipo de medidas se extienda a otros países de la región no debe descartarse. En economías con estructuras productivas similares, la competencia por mercados externos e internos puede derivar en dinámicas de “proteccionismo defensivo”, donde los Estados reaccionan ante decisiones de terceros mediante represalias arancelarias. Este comportamiento, ampliamente documentado en la literatura económica, tiende a generar equilibrios subóptimos, caracterizados por menores niveles de comercio, inversión y bienestar agregado.
Adicionalmente, una eventual guerra arancelaria latinoamericana tendría implicancias relevantes para el desarrollo económico y social. El encarecimiento de bienes importados, la reducción de la competitividad de las exportaciones y la afectación de pequeñas y medianas empresas altamente dependientes del comercio regional profundizarían las brechas productivas existentes. Desde un enfoque de bienestar, los costos recaerían de manera desproporcionada en los consumidores y en los sectores de menor capacidad de adaptación.
En este contexto, la disyuntiva para América Latina no radica únicamente en elegir entre apertura o protección, sino en fortalecer los mecanismos institucionales de coordinación y resolución de controversias comerciales. La experiencia internacional demuestra que los procesos de integración solo resultan sostenibles cuando existen reglas claras, confianza mutua y una visión estratégica compartida de largo plazo.
El conflicto entre Ecuador y Colombia, por tanto, debe ser analizado como una señal de alerta. Más que normalizar el uso de aranceles como instrumento de política coyuntural, la región requiere avanzar hacia una agenda de integración profunda, orientada a la diversificación productiva, la cooperación industrial y la reducción de vulnerabilidades estructurales. De lo contrario, el riesgo de una guerra arancelaria regional dejará de ser una hipótesis teórica para convertirse en una realidad con elevados costos económicos y sociales.
Dr. Francisco Javier González Puebla
Director Carreras Administración
CFT-IP Santo Tomas – Viña del Mar