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Francisco Javier González Puebla |
El Banco Central de Chile ha sorprendido recientemente al anunciar el inicio de un programa de acumulación de reservas internacionales, con una proyección de duración de tres años. Esta decisión, que ha generado diversas reacciones en los mercados financieros y en el ámbito político, abre un debate profundo sobre los efectos que esta estrategia puede tener en la economía nacional. ¿Se trata de una medida prudente en un contexto global incierto o de una decisión que podría generar distorsiones internas?
La reciente decisión del Consejo del Banco Central de Chile de reducir la tasa de interés a 4,75% no ha pasado desapercibida en los círculos económicos. Esta nueva baja, en línea con la trayectoria descendente que viene desde mediados de 2023, busca sostener la reactivación económica en un contexto de inflación en retroceso y un consumo aún debilitado. Sin embargo, más allá de su carácter técnico, la medida genera una serie de efectos que merecen ser analizados desde una mirada más amplia.
El dato entregado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ha dado que hablar: el IPC de junio 2025 registró una inesperada baja de −0,4 %, una de las caídas más pronunciadas en los últimos trimestres. Si bien a primera vista parece un avance hacia la estabilidad, la realidad exige un análisis más profundo: ¿es este un alivio estructural o un simple reflejo de factores transitorios?
El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) chileno en el primer trimestre del año superó las proyecciones del mercado. Este desempeño, liderado por sectores como la minería, servicios y comercio, revela una economía que mantiene dinamismo a pesar de un entorno global cada vez más complejo. Sin embargo, detrás del optimismo que sugieren las cifras, persiste una cautela justificada: la economía mundial sigue marcada por tensiones geopolíticas y comerciales que amenazan con frenar el impulso.
El anuncio de que las compañías BYD, reconocida mundialmente por sus vehículos eléctricos y baterías, y Tsingshan, uno de los grandes productores de acero inoxidable y cada vez más presente en el mercado de baterías, han decidido abandonar sus proyectos en el norte de Chile, ha caído como un balde de agua fría. No solo para Corfo, que había apostado por ellos, sino para todos quienes veían en estas iniciativas una oportunidad histórica: pasar de ser simplemente exportadores de litio en bruto a convertirnos en protagonistas de la industria de cátodos y baterías, piezas clave en la transición hacia una economía más limpia y sostenible.
En el actual contexto de transición energética y descarbonización, el cobalto, conocido como "oro azul", ha adquirido un papel estratégico debido a su rol fundamental en la fabricación de baterías de iones de litio para vehículos eléctricos. Su capacidad para mejorar la estabilidad térmica y la densidad energética de las baterías lo convierte en un elemento clave para la electromovilidad y el almacenamiento de energía renovable. En este escenario, Chile se perfila como un actor emergente en el mercado global del cobalto, con la posibilidad de posicionarse como el segundo mayor productor mundial, solo detrás de la República Democrática del Congo.
En 2024, la deuda externa de Chile alcanzó un máximo histórico, una cifra que encendió las alarmas entre economistas, políticos y la ciudadanía en general. Este hito no es solo un número en un informe financiero; representa un desafío estructural que podría comprometer el crecimiento económico y la estabilidad del país en los próximos años.
Estudios geológicos recientes han identificado depósitos de tierras raras asociados principalmente con minerales de hierro y cobre en diversas regiones de Chile.
China, que en 2023 importó aproximadamente 6 millones de toneladas de cobre refinado, representando cerca del 60% del consumo global, busca con este descubrimiento reducir su dependencia de las importaciones. Esta estrategia podría reconfigurar las dinámicas comerciales con países exportadores como Chile, Perú y Australia.
Con la transición justa como piedra angular, la industria naviera ha presentado una propuesta concreta a la Organización Marítima Internacional (OMI) para un Mecanismo de Balance Verde que ayudará a nivelar la diferencia de precios entre los combustibles verdes y los fósiles.