El Parlamento portugués aprueba la pérdida de ciudadanía como pena accesoria por delitos graves
MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) - El Parlamento de Portugal ha aprobado este martes una propuesta de ley para introducir una enmienda en el Código Penal que contempla la pérdida de la nacionalidad como pena accesoria por delitos graves, apoyada por la coalición conservadora del Partido Socialdemócrata (PSD) del primer ministro, Luís Montenegro, y el CDS-Partido Popular, así como por la ultraderechista Chega y por Iniciativa Liberal.
Con 157 votos a favor frente a apenas 64 en contra, conservadores, ultraderechistas y liberales han formado una mayoría de dos tercios en la Cámara, pese a necesitar apenas la mayoría absoluta, y han aprobado así una norma que faculta a los magistrados a imponer como pena accesoria la pérdida de la nacionalidad portuguesa a aquella persona "que haya sido condenada con una pena de prisión efectiva de duración igual o superior a cuatro años", según ha recogido la agencia Lusa.
La norma se aplicará en los casos en los que los actos delictivos se hayan cometido "dentro de los diez años siguientes a la adquisición de la nacionalidad y si el autor es nacional de otro Estado", anulando así la posibilidad de que un ciudadano se convierta en apátrida como consecuencia de la hipotética pena accesoria.
Asimismo, la ley establece que "toda persona condenada a la pérdida de la nacionalidad como pena accesoria por la comisión de los delitos mencionados (...) solo podrá solicitar su recuperación, en los términos generales definidos en la Ley de Nacionalidad, diez años después de la expiración" de los antecedentes derivados de la condena en cuestión en el registro penal, una premisa calificada por el Partido Socialista (PS) como una concesión del PSD a Chega, pese a que la formación ultraderechista perseguía que la pérdida de la nacionalidad se extendiera por un período de 20 años y que fuera automática, en lugar de una pena accesoria decretada por un juez.
Minutos después de la aprobación en sesión parlamentaria, el primer ministro portugués, preguntado por la posibilidad de que bien el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, o el Tribunal Constitucional puedan bloquear la propuesta de ley, ha declarado que, si bien en su Gobierno "respetamos, como siempre, su valoración y respetaremos cualquiera que sea su decisión", existen "todas las razones para proceder a la promulgación del decreto".
En este sentido, ha aludido a que el texto ha sido "aprobado por una mayoría muy significativa, una mayoría de más del 70 por ciento de los diputados que representan la voluntad política del pueblo portugués". Además, cuestionado, precisamente, por su grado de comodidad con que dicha mayoría haya contado, de manera decisiva, con la ultraderecha portuguesa, ha alegado que "el Gobierno se siente no sólo cómodo, sino obligado a legislar para solucionar los problemas concretos de los ciudadanos que viven y trabajan en Portugal", "independientemente de algunos carteles que cualquier partido político pueda tener en la calle".
