GEPAC lanza una campaña contra supuestas presiones de aseguradoras a oncólogos para ahorrar en tratamientos de cáncer

La presidenta Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), Begoña Barragán García, ha lanzado este viernes una campaña de recogida de firmas para protestar contra las supuestas presiones de compañías aseguradoras para que sus oncólogos reduzcan la prescripción de los tratamientos oncológicos de mayor precio.

"Se habla de presiones a profesionales sanitarios, especialmente de la sanidad privada, en las que sus decisiones clínicas y sus recomendaciones se están viendo comprometidas por presiones de determinadas entidades. Desde GEPAC hemos recibido quejas de muchos pacientes, y esto es preocupante y no podemos dejar que siga ocurriendo", ha afirmado Barragán durante una jornada celebrada en el Congreso de los Diputados.

Tras ello, ha mostrado su "profunda preocupación" por las denuncias presentadas por profesionales de la oncología sobre estas presuntas prácticas, que estarían "limitando" el acceso a determinados tratamientos con el objetivo de que las compañías aumenten su "ahorro" y "rentabilidad", mientras se "deja de lado" la necesidad, la evidencia científica, las guías clínicas o las autorizaciones sanitarias.

"Cuando quien cuida impone límites por razones financieras, la salud y la vida del paciente quedan en peligro. Y esto es inaceptable. ¿Es verdad que supeditan la salud de las personas a intereses ajenos a la medicina? ¿Es verdad que son profesionales de la sanidad? ¿Es verdad que miran hacia otro lado? Y lo que es aún más grave, ¿es verdad que están poniendo en grave riesgo nuestras vidas?", ha declarado Barragán.

Por todo ello, la organización ha exigido "con rotundidad" que se garantice la libertad de prescripción, el rigor clínico, la profesionalidad; el acceso a tratamientos adecuados, seguros, eficaces y personalizados; la transparencia total en los procesos de autorización y acceso a los tratamientos; y un blindaje en la protección de los derechos de los pacientes.

"La salud es un derecho fundamental, sea cual sea el modelo, el sistema o el lugar, y no admite interferencias, ni demoras ni recortes (...) El cáncer no puede ser un negocio, y la vida de los pacientes tampoco. Porque el cáncer no admite recortes, ni excusas, ni silencios. El cáncer es una cuestión de Estado", ha añadido.

Asimismo, ha subrayado que el cáncer no entiende de edad, de sexo, de raza, de pensamiento y "mucho menos" de cálculos financieros o algoritmos, de tratamientos caros o baratos, ni de autorizaciones externas.

"El cáncer necesita medicina basada en la ciencia, no en el ahorro. Y los pacientes con cáncer merecen una atención que anteponga su vida a cualquier otra consideración. Por eso lanzamos esta campaña, para visibilizar, para movilizar, para que la economía no distinga a los pacientes, para que ningún paciente deje de recibir lo que necesite, para que la medicina recupere su lugar, el del cuidado, la evidencia y la defensa de la vida", ha manifestado.

Barragán también ha pedido la colaboración de pacientes, medios de comunicación, profesionales, instituciones, organizaciones y de toda la sociedad para que la recogida de firmas sea "masiva" y que esta situación no siga ocurriendo.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Agustín Santos Maraver, ha mostrado su preocupación por una situación denunciada por algunos oncólogos, que acusaban a Atrys Bienzobas de ejercer estas presiones, tal y como adelantó el diario 'ABC' en marzo.

"Esto, francamente, es intolerable. O sea, es tan intolerable que no lo vamos a aceptar", ha agregado el presidente de la Comisión de Sanidad durante su intervención.

Cabe destacar que la compañía defendió que su asesoría se desarrolla bajo criterios "estrictamente médico-científicos", y afirmó estar a disposición de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) para ofrecer su colaboración y analizar con "máximo rigor" la información publicada sobre malas prácticas en la prescripción de medicamentos contra el cáncer. Además, ha acabado apartando tanto a su presidente ejecutivo, Santiago de Torres, como a su consejera delegada, Isabel Lozano.