Circo tributario

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Javier Fuenzalida A

En los circos siempre hay uno malabarista que nos divierte con sus destrezas para mantener 5, 6, o más palitroques en el aire y dos en sus manos en forma simultánea, en un movimiento circular sin que ninguno se le caiga.



Nuestro sistema tributario pretende lo mismo. El DL 824 de impuesto a la renta se dictó hace 47 años, en 1974, y como en el circo, 82 leyes malabaristas han derogado y creado sucesivas normas discrecionales. La actual versión consta de 129 artículos más 28 transitorios, En el caso del IVA (DL 825 de 1974) el malabarismo ha producido 73 leyes y actualmente tiene 85 artículos.


Pero, a diferencia del circo, el resultado ha sido que cada vez más desastroso y los malabaristas políticos son periódicamente reemplazados suponiendo que conseguirán mantener los palitroques tributarios en suspenso, sin caerse, aunque social y económicamente ineficaces.


La propia Constitución (Art.19 N° 20) establece que los tributos deben recaer sobre las rentas. No podrán imponerse impuestos de afectación como el de las contribuciones de bienes raíces. Lamentablemente, el artículo sexto transitorio señala que, si a la fecha de su promulgación, existieran ese tipo de impuestos, se mantendrán vigentes hasta que una ley los sustituya. En 47 años nada de eso ha ocurrido. Por el contrario, han sido tan predatorios como los demás.


Todos, el ejecutivo y legislativo han actuado como malabaristas, como si el público, los contribuyentes, manifestaran una masiva aprobación a las malabares de los gobernantes … Falso, porque no poseen la destreza del actor circense.


¿Por qué esta crítica? Porque el resultado ha sido una constante pérdida de bienestar, un menor crecimiento económico, debido a que la asignación de los recursos productivos se aleja manifiestamente de la eficiencia productiva. Una ley con 130 artículos contiene más excepciones a su propósito básico, creando excepciones que minimizan o desconocen las rentas efectivas. Todo ello ignorando que los recursos fiscales provienen de la expropiación del esfuerzo de los ciudadanos anestesiados bajo el supuesto de que seremos retribuidos con bienes y servicios públicos producidos eficientemente y que, por su naturaleza, el mercado no los produce o porque los gobernantes y legisladores no se resisten frente al placer político de desempeñar actividades empresariales sin importar los resultados. Nuestro estado es propietario de 30 empresas que con sus filiales y subsidiarias el número sube a varias centenas ¿Cuál es el retorno social de ese conglomerado? Nadie lo sabe.


El país tiene una dotación de recursos de capital y de horas de trabajo de la población que son limitados. La demografía indica que el crecimiento de la población tiende a disminuir y tal vez será negativa en algunas décadas más. La tasa de ahorro tiene límites porque con el producto del trabajo debemos vivir y eso significa consumir. La ciencia y la tecnología nos hacen más productivo, pero hay que producirla. No es maná que caiga del cielo, también tiene límites reales. De ahí que debamos tener los ojos bien abiertos con respecto a lo que el fisco nos extrae y lo que hace con esos recursos. Hoy hay un absoluto desconocimiento en cuanto a la eficiencia estatal.


Cada peso que va al estado es un peso menos que tenemos para consumir o para ahorrar. Por lo tanto, el valor de los bienes y servicios que el mercado le asigna al gasto público debe, a lo menos, ser igual al menor bienestar que significa entregar parte de nuestros recursos al estado.


La hecatombe de las 155 leyes que en estos 47 años han desfigurado las sanas normas tributarias no ha sido objeto de una evaluación social. Cuando se envía un proyecto al congreso se le acompaña con un informe financiero que solo indica cuánto se recaudará o se dejará de percibir. Dictada la norma, se supone que la Dirección de Presupuestos practicará un análisis de costo/beneficios y la rentabilidad social de cada proyecto. Un tiempo lo hizo Mideplan, hoy Ministerio de Desarrollo Social, pero la concertación lo eliminó y lo que la Dipres hoy hace es una somera verificación sobre si se cumplieron cualitativamente las metas que cada proyecto prometía, nada más. De modo que no sabemos nada sobre la eficiencia social del gasto. Peor aún, en 2020 revisó 623 programas de los cuales solo informó 19, siendo 8 calificados como malo, 11 reguleques y ninguno bueno. Increíblemente, muchos de ellos reaparecen en el nuevo presupuesto.


Por otra parte, el estado juega a ser empresario. ¿Está dentro de los fines sociales dedicarse a minero, a refinar combustible, ser prestamista? Por supuesto que no. Sería más eficiente vender esos patrimonios y con esos recursos cumplir con los fines sociales que siempre está postergando: 400.000 viviendas sociales faltantes, mejorar la atención de salud, mejores pensiones asistenciales, educación de calidad, medio ambiente, etc.


Hace dos años el SII efectuó una cuantificación del gasto tributario, que es la suma de todos los beneficios tributarios que hacen posible no pagar impuestos o solo una fracción de ellos. No se trata de fraudes o elusión, sino del efecto de los 242 artículos de las leyes de impuesto de renta y de transacciones comerciales, que han creado exenciones. ¿Hay algo más contradictorio que la ley de la renta defina una categoría como “ingresos no rentas” y no quede sujeta al pago de impuestos? Es como afirmar que algo puede ser indistinta y simultáneamente blanco y negro, o bueno y malo o grande y chico. El estudio en cuestión calcula que el estado deja de percibir anualmente US $ 9.333 millones por concepto de beneficios o maleficios tributarios concedido por la ley.


Frente a esta incompetencia, 40 países ya hace tiempo han resuelto esta ineficiencia fiscal estableciendo el ”Flat Tax” o impuesto de tasa única, sin ningún tipo de exenciones arbitrarias, ingresos no renta, deducciones por depreciación, fomento al ahorro y decenas de categorías de gastos deducibles. A lo más, un mínimo exento en beneficios de indigentes y pobres. Las tasas van de 2 % a 30 %. Por nombrar algunos, Letonia (23 %), Lituania (15 %), Rusia (13 %), Bielorrusia (12 %), Bolivia (13%), Arabia Saudita (13 %) Estonia (21 %), En Estados Unidos, Illinois (3,75 %), Pensilvania (3.07 %), (6 %.) Otros países como Australia, y Polonia van avanzado hacia este esquema.


Nada de esto es materia de preocupación ética y social por parte del estado. Hay una especie de flojera mental que impide hincarle el diente al flat tax. Es más cómodo derogar algunas prebendas y crear otras con la creencia de que los contribuyentes lo tendrán presente al momento de emitir su voto y de paso pagar favores con cargo a la frondosa burocracia estatal.


Materias como esta debiera ser parte importante de los debates de la próxima Asamblea Constituyente. Hasta el momento nadie lo ha planteado públicamente. Por el contrario, los 16 candidatos a la presidencia ya formulan abrirles nuevas ventanitas a las leyes tributarias y al gasto fiscal. Al menos así consta en documentos de los partidos que los apoyan. Están proponiendo 5 con 5, esto es aumentar los impuestos en el equivalente al 5 % del PIB en cinco años para que el estado tenga una especie de bolsillo de payaso.



Javier Fuenzalida A.

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