En medio de la crisis hídrica y energética que atraviesa nuestro país, resulta alentador que el Congreso avance en iniciativas que buscan desburocratizar la gestión de estos recursos y abrir espacio a nuevas formas de generación limpia. El proyecto de ley contenido que modifica el Código de Aguas, apunta justamente en esa dirección al agilizar la tramitación de proyectos hidráulicos de “pequeña escala” de generación hidroeléctrica de pasada, simplificando autorizaciones y permisos para obras menores asociadas a estas minicentrales.
Este tipo de medidas permite reducir la burocracia en proyectos con caudales inferiores a 2 m³/s y potencias menores a 3 MW, sin relajar la obligación de cumplir con la normativa ambiental cuando corresponda. Así, iniciativas de bajo impacto y con beneficios locales no quedarán atrapadas en trámites pensados para grandes obras, lo que hoy desincentiva la inversión.
Ya antes, el MOP impulsó la Ley 21.639, que modificó el DFL 850 para habilitar la construcción de plantas desaladoras, tranques, embalses y soluciones basadas en la naturaleza, también simplificando sus autorizaciones. Estas acciones van en la dirección correcta: el país necesita incentivar la inversión en energías limpias e infraestructura hídrica, fundamentales para la calidad de vida de las personas y el desarrollo sustentable, además, refuerzan la seguridad energética e hídrica del país.
Debemos avanzar con soluciones inteligentes, ya sean grandes o de escala humana, grises o verdes. Todas ellas pueden equilibrar la necesaria protección ambiental con la urgencia de progresar y dar una señal positiva de que es posible conjugar sustentabilidad con desarrollo.
Con todo, lo ideal sería que para agilizar permisos autorizaciones u otros trámites, las modificaciones normativas y del Código de Aguas, fueran con un enfoque sistémico y de largo plazo, y no respuestas puntuales de cada ministerio orientado a resolver contingencias.
Gabriel Caldés
Consejero
Consejo de Políticas de Infraestructura