Gabriel Caldes

La Región de Coquimbo no se preparó adecuadamente para enfrentar la crisis hídrica que está viviendo hace años y que pronto se verá agudizada con la llegada del fenómeno meteorológico de “La Niña”. Los sectores público y privado no visualizaron adecuadamente lo que está ocurriendo y, si lo previeron, no tuvieron la capacidad de gestionar soluciones ante la emergencia, como tampoco de informar a la comunidad. 

La última evaluación de desempeño ambiental de Chile entregada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) durante este mes no sorprendió, en particular, por el análisis que hace sobre la gestión del agua. Se hicieron sugerencias conocidas que ya han sido planteadas en al menos los últimos tres gobiernos. 

La Región de Coquimbo es la más afectada del país por la escasez hídrica, según el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas: en los últimos 5 años se han registrado precipitaciones bajo lo normal y los embalses tienen solo un 12% de agua. Por otra parte, las cifras oficiales indican que la producción de fruta ha disminuido entre un 40 y un 65% en el último año, generándose restricción al consumo humano y pérdidas de cultivos.

Para Chile, el mayor impacto del cambio climático no es la emisión de los GEI, del cual generamos solo el 0,25% del planeta y además nos comprometimos internacionalmente a ser un país carbono neutral en 2050. Esta decisión ha permitido la asignación de recursos, modificaciones normativas y de gobernanza. Pero sabemos que el impacto más crítico es la prolongada falta de agua, que tiene serias consecuencias para la población y el desarrollo.

Una buena parte de los territorios rurales de Chile se abastece de agua a través de los 2.450 Servicios Sanitarios Rurales (SSR ex APR), reconocidos por el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Pese a su importancia, estos se encuentran en extrema vulnerabilidad, administrativa y operacional debido a la escasez hídrica y a la compleja puesta en marcha del nuevo marco normativo de la Ley N°20.998 de 2020. La norma lleva tres años de aplicación y no se logran avances concretos.