Germán R.Pinto Perry

La obligación tributaria, entendida como el imperativo que tiene el contribuyente de pagar tributos al Fisco, nace cuando se tipifican los elementos que están contenidos en la ley, es decir, cuando se realiza el hecho gravado.

Está en el Congreso el proyecto de ley que establece la obligación a los bancos de informar al Servicio de Impuestos Internos (SII) los abonos por montos superiores a 1.500 UF, que realicen sus clientes en sus cuentas corrientes, de ahorros, cuentas comerciales y similares, ya sean por periodos diarios, semanales o mensuales.

El artículo 18 de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente obliga a las entidades a someterse un sistema de evaluación riguroso sobre los efectos que su actividad o proyecto que anuncian van a realizar, puede generar en el ambiente cuando la naturaleza del proyecto así lo demanda, como también establece otros casos en que no es imperativo tal estudio, pero sí obliga a la entidad a emitir una declaración jurada en donde se expresamente se indica que cumple la normativa sobre la materia. Así también se mencionan “compromisos ambientales voluntarios”.

Si bien en los últimos días el dólar ha caído, es una inversión recurrente y es común que nos encontremos comprando y vendiendo esta moneda, ya sea para algún proyecto o por algún viaje, además que en ocasiones es considerado como un “amortiguador” en periodos de incertidumbre. Por otro lado, como se ha demostrado que el tipo de cambio está vinculado al precio del cobre, es posible predecir su comportamiento en comparación a otras alternativas que no tienen tal indexación.

Mucho revuelo ha causado la definición de las “asignaciones” que tendrán derecho los convencionales constituyentes que se les entregarán como adicional a la “retribución” que el artículo 134 de la Constitución Política (la misma que van a cambiar) les otorga como retribución a sus servicios al país.

La semana pasada conocimos la confirmación del señor Fernando Barraza Luengo en su cargo de Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos (SII) por un tercer trienio, siendo la segunda ratificación en este cargo realizado por el Presidente Piñera.

Quiero insistir en el tema que traté en mi columna del 5 de julio recién pasado titulada “Eliminación aventurada del Art. 107 de la LIR” donde cuestionaba la certeza de los cálculos sobre el monto de la mayor recaudación que se lograría con la eliminación de la exención tributaria que gozan hoy en día las ganancias de capital obtenida por la enajenación de acciones, cuotas de fondos mutuos y de inversión que transan en bolsas de valores.

Siempre he recibido críticas cuando comento el efecto inhibidor que tienen los tributos en la actividad empresarial, alegando mis detractores que las grandes empresas levantan la voz cada vez que el Estado mete su mano en sus bolsillos.

Nuevamente estamos siendo testigos obligatoriamente pasivos de los procesos de generación de importantes leyes de nuestro país, en donde sectores ventilan sus puntos de vista sin existir una interacción, debate o retroalimentación de sus discursos.

La doctrina y los organismos internacionales han definido los “impuestos verdes” como aquellos tributos que desmotivan conductas que anti-ambientales de los agentes económicos, aplicando el principio “el que contamina, paga”. Así también, existe el criterio que los fondos recaudados por esta desmotivación se destinan a paliar el daño en el ecosistema que realizan esas actividades económicas.

La semana pasada conocimos el informe de la Dirección de Presupuesto que señalaba el aumento en la recaudación del IVA de 28.500 millones de dólares a mayo del presente año, representando un importante incremento en relación con el año anterior, incremento generado por el dinamismo en el consumo privado que se estimuló por las ayudas fiscales y, principalmente, por los retiros de los fondos de pensiones.

Ya estamos conociendo los programas de los candidatos presidenciales y el tema tributario es transversal a todos ellos, lo cual es evidente y necesario, siendo la eliminación de las exenciones un común denominador que podemos apreciar, especialmente la eliminación del artículo 107 de la Ley sobre Impuestos a la Renta (LIR) que es malamente llamado exención a las ganancias de capital.

Esta medida proporcionará el cruce de información que permitirá focalizar las intervenciones futuras, asegurando el correcto cumplimiento tributario y una eficiente fiscalización.

Dado este planteamiento, no es aventurado pensar que la situación es muy dramática, que aún no se puede lograr el equilibro o alcanzar que sobrevivan estas complicadas empresas.

Mucho se habla de la necesidad de la derogación del DFL 2 de 1959 que concede una serie de beneficios tributarios para viviendas cuyo metraje habitable no supere los 140 metros cuadrados.

Un amigo que es un importante académico señaló en un comentario publicado en la prensa nacional que los académicos no somos los encargados a entregar la palabra final sobre el establecimiento de impuestos, siendo los parlamentarios los obligados a realizar tal tarea.

Muchas personas me han consultado si el sistema tributario de nuestro país será definido por los constituyentes en el proceso que estamos pronto a comenzar. La respuesta es afirmativa y evidente, pero antes de realizar este ejercicio hay que definir lineamientos básicos que permitirán establecer aspectos cuya elección están en las antípodas de su fundamento y orientación.

Estamos viendo cómo la acción de nuestros políticos y parlamentarios se están realizando con mucha pasión, pero sin la mesura que los destinos del país requieren al no ponderar las consecuencias que las últimas leyes tienen, atendiendo solo las demandas sociales y dejándose seducir por el ambiente electoral y apetitos para lograr la aprobación popular. 

Siempre recuerdo una parte de las célebres obras del gran Coco Legrand de los años ochenta “No voten por mí” donde personificaba a un candidato a la presidencia que proponía tener un ministro de economía japonés para llevar a nuestro país a ser un país desarrollado, copiando el ejemplo que ese país daba en esos años. Lo jocoso de su propuesta era que, si nuestro crecimiento generaba problemas y había presiones por el éxito logrado, despedía al ministro japonés y colocaba a uno chileno para frenar la economía.

En la discusión (no digamos debate) de cómo solucionamos los problemas sociales con mayores impuestos, ha surgido la idea de bajar la tasa del IVA a ciertos productos como los combustibles, productos sanitarios, hotelería y funerarias, como así también dejar una tasa mucho más baja para productos básicos como pan, harina, leche, quesos, algunas verduras, libros y medicamentos. Se plantea esta idea para ayudar a la población más necesitada en el consumo de productos esenciales, produciendo un alivio en las economías domésticas.