Ahora es un mal chiste

Siempre recuerdo una parte de las célebres obras del gran Coco Legrand de los años ochenta “No voten por mí” donde personificaba a un candidato a la presidencia que proponía tener un ministro de economía japonés para llevar a nuestro país a ser un país desarrollado, copiando el ejemplo que ese país daba en esos años. Lo jocoso de su propuesta era que, si nuestro crecimiento generaba problemas y había presiones por el éxito logrado, despedía al ministro japonés y colocaba a uno chileno para frenar la economía.

Parece que ese chiste se hace realidad con la labor que están haciendo los políticos y parlamentarios al impulsar materias que, si bien tienen muy buenas intenciones, adolecen totalmente de un respaldo técnico Y fundamentado, legislando sobre la base de artículos periodísticos de revistas como Forbes.

Para qué recordar cuando el señor Fuad Chahín dijo que el retiro del primer 10% de los fondos de pensiones no debía tributar porque ya lo había hecho cuando se realizó su descuento de los sueldos. Esa afirmación está totalmente errada, y solo pudo haber nacido del hecho de nunca haber visto su liquidación de sueldos. Para qué recordar cuando el senador Alfonso de Urresti dijo que “los economistas no saben” y que todos sus reparos al retiro de los fondos de pensiones eran equivocados y que ellos, los políticos y parlamentarios, tenían la verdad absoluta para establecer tales mecanismos.

La semana recién pasada, el diputado Karim Bianchi nos regaló su intervención cuando señaló que el presidente de la Comisión para el Mercado de Capitales (CMF), don Joaquín Cortez, hacía una “interpretación antojadiza” de la ley que salió del Congreso y que permite realizar retiros de fondos vinculados a las rentas vitalicias. El diputado señala que ellos eran los capacitados para realizar tales interpretaciones y que, en su calidad de parlamentario, promovería una interpelación al señor Cortez si desoía la recta interpretación que ellos hacían al texto legal controvertido.

Ahora nos enfrentamos al texto de un nuevo royalty minero que también peca de ser un mecanismo plagado de falencias técnicas.

El artículo único del proyecto destaca claramente el destino de los futuros fondos recaudados, pasando a llevar evidentemente al principio de no afectación de la ley tributaria que está consagrado en la Constitución que aún está vigente, como también afecta al principio de la exclusividad de la iniciativa del Presidente de la República en materia tributaria. Si bien estos “detalles” son temas jurídicos, lo que me preocupa es la liviandad con que se legisla y que se asume que el solo hecho de contar con un precio relativamente alto del cobre, puede generar flujos de recaudación inmediata que podrán solucionar las ingentes demandas sociales que estamos enfrentando.

Yo he señalado anteriormente que el royalty a las empresas mineras es una solución eficiente y es un tema que hay que conversar y considerar la estructura de costos de este sector productivo el cual es muy complejo y que es muy sensible a la indexación que se ha visto del precio del cobre con el valor del dólar en relación con el peso chileno, tema que ya he comentado en estas columnas de los lunes.

El proyecto que emanó de la Cámara de Diputadas y Diputados es malo, es complejo y tiene vicios. Así también lo han manifestado algunos senadores, como el señor Carlos Montos resaltando los defectos que asesores suyos le han hecho presente. Ahora bien, este mismo senador señala que el tema del royalty es para largo, ya que hay empresas con una invariabilidad tributaria hasta el año 2023, siendo oportuno que luego de ese periodo se aplique una iniciativa de esta naturaleza. De ser así el escenario, resulta de todo inoficioso seguir fundamentando este articulado con las soluciones a los problemas de la pandemia, porque esas necesidades están aquí y ahora y es hoy mismo cuando necesitamos contar con el incremento de recursos fiscales.

Uno de los grandes defectos del proyecto es su complejidad y lo relativo del potencial de recaudación, pues tiene una estructura confusa que aplica un impuesto del 3% del valor ad valorem de los minerales extraídos de cobre y de litio (el proyecto también considera este otro mineral). Posteriormente, cuando las empresas tengan una producción superior a 12.000 toneladas, aplicarán tasas de 15%, 35%, 50%, 60% y 75% por la cantidad que se incremento del precio del mineral por sobre los 2 dólares por toneladas, aplicando sucesivamente las tasas antes señaladas de acuerdo con tramos de incrementos del precio del mineral. Es decir, pasa a ser una especie de tributo personal que se aplica discriminando el nivel de ingresos del contribuyente.

Así las cosas, en mi opinión, será más claro y efectivo aplicar un porcentaje sobre la venta bruta de las empresas mineras, a la usanza del impuesto de la antigua Ley Reservada del Cobre que beneficiaba a las Fuerzas Armadas.

Destacados economistas como el señor Sebastián Edwards han manifestado sus reparos sobre este proyecto, señalando el error de creer que el incremento del precio del cobre sea un factor potente y que nos garantice la recuperación económica que se ha visto afectada por la pandemia, además del hecho que este tipo de mecanismos solo logran retrasar y, en mi opinión, inhibir esa tan anhelada recuperación, ahogando fuentes de ingresos del país, que solo redundarán en una huida de capitales extranjeros al preferir países con mayor estabilidad en las reglas de juego.

Creo que el “chiste” que contó Coco Legrand en los años ochenta fue muy bueno esos tiempos, pero ahora está saliendo muy fome cuando ocurre en la realidad.

Prof. Germán R.Pinto Perry

Director Magíster en Planificación y Gestión Tributaria

Centro de Investigación y Estudios Tributarios-NRC

Universidad de Santiago