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Germán Pinto |
La semana pasada pasó al Senado el proyecto de cumplimiento tributario con la aprobación mayoritaria de las diputadas y diputados de la Cámara, con un inapelable 120 a favor, 18 en contra y 3 abstenciones.
Pasan los días, las semanas y los meses y aún no vemos medidas eficientes que permitan incentivar o gestionar el crecimiento que el país necesita. Tal vez la demora se deba a la autocomplacencia de la autoridad ante el crecimiento de 0,2% del PIB del año pasado, así también como el 4,5% de crecimiento del IMACEC de febrero que les fundamenta las medidas del aumento del sueldo mínimo y las 40 horas de trabajo.
La semana pasada ocurrieron 3 eventos que me llamaron la atención.
La semana pasada conocimos el fallo del Tribunal Tributario y Aduanero de la Región de Ñuble y Región del Biobío donde da la razón al Servicio de Impuesto Internos (SII) quien consideró elusiva con abuso de las formas jurídicas la operación que realizó una empresa chilena, siendo la primera sentencia que aplica la Norma General Antielusiva (NGA) contenida en el Código Tributario.
La semana pasada me preguntaron si habría reforma tributaria en este gobierno, a lo cual respondí sin mucha reflexión, que no. Luego, habiendo meditado más mi respuesta, señalé que, de haber una reforma, no será estructural, de eso sí estoy convencido.
Es indudable que el 2024 comienza evidenciando los problemas de nuestra economía, con el decrecimiento del año pasado, el alto IPC de febrero y la paupérrima actividad del rubro de la construcción registrado en el mismo mes, señalando que solo 12 proyectos comenzaron en ese periodo.
El Ministerio de Hacienda continúa con la socialización de sus ideas para incluir en la próxima reforma tributaria el aumento de la carga tributaria para personas naturales cuyos ingresos mensuales superen los 3,2 millones de pesos, afectando a 431.250 personas que permitirá aumentar la recaudación fiscal en una cifra equivalente el 1,1% del PIB, más o menos 3.300 millones de dólares, cifra que, considero, es muy optimista.
Me llama mucho la atención, y por qué no decir también que me preocupa, cómo se han desarrollado las políticas económicas y sociales en estos últimos meses, como también el futuro legislativo para el presente año.
El informe “Estimación de la Brecha de Cumplimiento en el IVA e Impuesto a la Renta de Primera Categoría”, que el Servicio de Impuestos Internos ha hecho público como resultado de su determinación de la evasión tributaria, ha sido cuestionado por el Colegio de Contadores de Chile AG, la CPC, FESIT entre otras organizaciones y diversos expertos, señalando reparos sobre la metodología utilizada y por lo global del resultado obtenido que estima una diferencia entre la recaudación proyectada y efectiva incluyendo la evasión, elusión y subdeclaración involuntaria, sin distinguir qué ponderación tiene cada uno de esos elementos, señalando que la brecha correspondería a un 18% para el caso del IVA y un 51% para el impuesto a la Renta.
La semana pasada vimos con bombos y platillos el anuncio del envío a tramitación de dos proyectos de ley que ayudarán a reducir los plazos que requieren los proyectos de inversión para cumplir con los permisos necesarios para su implementación. Se trata de la reforma al sistema de regulación ambiental y una nueva ley marco de autorización