Germán Pinto

Quiero volver a comentar la idea – recientemente reavivada - de fusionar el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Servicio Nacional de Aduanas (SNA) y la Tesorería General de la República (TGR) en un solo organismo. Mi objeción no es contra la consolidación por sí misma, sino contra la fusión de funciones heterogéneas. 

Desde hace ya algún tiempo —y con mayor fuerza en el debate reciente— se ha instalado la idea de fusionar el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Servicio Nacional de Aduanas (SNA) y la Tesorería General de la República (TGR), bajo el argumento de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos, aumentar la eficacia en el combate a la evasión y corregir la vulneración de derechos que se ha constatado en la acción de estos organismos.

No crean que el título de esta columna es un error: refleja con fidelidad el problema que deseo abordar.

Hace algunas semanas, el Servicio de Impuestos Internos (SII) informó que detectó a 63 contribuyentes que omitieron declarar alrededor de 1,6 mil millones de dólares obtenidos en el extranjero y que, por lo mismo, serán fiscalizados. Paralelamente, se señaló que aproximadamente 25 mil millones de dólares corresponden a capitales chilenos formalmente declarados fuera del país y que sí han cumplido con sus obligaciones tributarias.

A fines de noviembre, el Servicio de Impuestos Internos (SII) publicó la Circular N.º 64 que fija su interpretación sobre las modificaciones incorporadas por la Ley 21.745 a la Ley sobre Impuestos a las Ventas y Servicios. Esta reforma crea un nuevo párrafo 7 ter, que establece un régimen especial destinado a quienes participan en ferias libres.

La semana pasada, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura llamó la atención sobre el notable avance de Perú en la exportación de productos agrícolas, desplazando a Chile en sectores que durante décadas fueron nuestras principales fortalezas como la uva de mesa, arándanos, hortalizas y paltas. Entre 2010 y 2024, nuestro vecino ha registrado un crecimiento promedio anual del 19,6%, muy por encima del tímido 6,8% que ha mostrado Chile en igual período.

En mi columna del 3 de noviembre, titulada “Acordar, discutir, debatir una ley”, señalaba que la elaboración normativa en nuestro país adolece de un problema de origen: la discusión legislativa no se sustenta en la confrontación de argumentos técnicos, sino que termina reducida a una negociación que busca “puntos medios” entre posiciones antagónicas. Advertía entonces que una ley concebida bajo esa lógica puede derivar en un ordenamiento ineficiente e ineficaz. 

El otro día, mientras leía la letra de nuestro Himno Nacional, me detuve a reflexionar en la última frase de la primera estrofa vigente, aquella que evoca un futuro esplendor para nuestro país gracias a sus riquezas naturales, como el mar. Esa expresión encierra una promesa: la de un horizonte siempre esperanzador, propio de las corrientes intelectuales del siglo XIX, que veían en América un territorio de promesas, donde los sueños podían hacerse realidad porque el futuro era, por definición, posible.

La semana pasada fue especialmente compleja para el ministro de Hacienda, luego de que la Comisión Mixta de Presupuestos rechazara casi la totalidad de las partidas del proyecto presentado. Este hecho reviste una importancia crucial, pues dicho proyecto constituye la llave del financiamiento del Estado para el próximo año y sus efectos alcanzan a todos quienes vivimos en el país.

La innovación radica en determinar quién debe enterar en arcas fiscales el impuesto por la operación, aplicándose específicamente a bienes cuyo valor no supere los 500 dólares.