Germán Pinto

Nuevamente estamos viviendo un proceso de reforma tributaria y, una vez más, debemos reflexionar sobre la forma en que se está desarrollando el debate legislativo en esta materia.

En su configuración vigente, dicho artículo dispone que estas ganancias se encuentran afectas a un impuesto único con tasa del 10%, conforme a lo establecido por la Ley N° 21.420, publicada en 2022, cuya aplicación efectiva se materializó meses después de su promulgación.

Ya contamos con un mayor detalle de las medidas que el gobierno ha anunciado y prometido para lograr una “reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social”, estructuradas en cinco pilares fundamentales. Sin embargo, el texto realmente relevante será el proyecto de ley que, según se ha señalado, ingresaría esta semana al Congreso.

Sin duda, el tema económico ha copado la agenda noticiosa, llamando la atención de toda la población. Incluso, diversos grupos sociales ya se han manifestado, aunque las verdaderas políticas económicas aún no han sido publicadas.

Varias personas me han preguntado cómo es posible que el gobierno baje los impuestos a los “más ricos” cuando, al mismo tiempo, declara no tener recursos suficientes para paliar los efectos del alza en el precio del petróleo. Esta situación da la impresión de que se premia a quienes tienen más, mientras no se protege adecuadamente a quienes tienen menos.

Sin duda, el actual gobierno llegó con mucha energía y ha estado trabajando en distintos frentes impulsado por el programa por el cual fue ampliamente respaldado en diciembre pasado. En ese contexto, la materia económica —y, dentro de ella, la tributaria— constituye un claro ejemplo, a propósito de las 40 medidas anunciadas con el objetivo de reactivar la economía y superar el déficit estructural heredado de la administración anterior. Sin embargo, este entusiasmo también ha generado algunos problemas.

Ya tenemos nuevo gobierno y comienza la actividad legislativa y administrativa destinada a llevar a cabo el programa que condujo a José Antonio Kast a la primera magistratura. Una de esas propuestas programáticas es la reforma tributaria anunciada para el 1 de abril. ¿Qué incluye esa reforma? Muchas cosas.

Creo que podemos aplicar el refrán “no hay que llorar por la leche derramada” al déficit estructural que dejó el gobierno saliente, equivalente a un 3,6% del PIB. Sin embargo, sí es imprescindible analizar las razones de ese descuadre y, sobre todo, cómo evitar que se repita.

Quiero continuar desarrollando la temática que ha estado presente en mis últimas columnas: la relevancia que tiene la información para la conducción de las finanzas públicas. La toma de decisiones sobre datos fidedignos no es un detalle técnico; es una condición estructural para evitar desequilibrios como el déficit que heredará el próximo gobierno.

El déficit estructural equivalente a 3,6 % del PIB para el ejercicio fiscal 2025 ha motivado un intenso debate entre los distintos actores de la economía nacional, dada su relevancia y las implicancias para la conducción de las finanzas públicas del próximo gobierno.