Germán Pinto



Germán Pinto

Con mucha alegría, y porqué no decirlo también, como mucho orgullo, recibí la noticia la semana pasada que la autoridad ha incluido la labor de los contadores dentro del listado de actividades esenciales para el país en estos momentos de pandemia. Tal vez no termine el avance del coronavirus con el trabajo contable, pero sí se podrá realizar la Operación Renta del Año Tributario 2021 de mejor forma, permitiendo que el Estado de Chile reciba los tributos requeridos para solucionar las ingentes necesidades sociales que estamos viviendo.

El mundo miró con interés la propuesta de la secretaria del Tesoro de EE.UU, Janet Yellen, quien propuso la aplicación de un Impuesto Mínimo Global de un 21% que afectara las empresas multinacionales, estableciendo de esta forma un límite del cual ningún país cobraría menos que esa tasa para afectar las ganancias que generan estas compañías, con el claro propósito de evitar que se siga con la competencias de rebajas impositivas que atraen injustamente capitales y concentran las utilidades en países con baja o nula tributación.

La reforma a la constitución que establece un impuesto que afectaría a los ricos del país sigue su curso y gana adeptos en los diputados que están buscando su reelección, pero también ha despertado la preocupación del Gobierno que ya anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional para impugnar la iniciativa. Pese a esa pequeña rémora, sigue su curso y hasta se han incorporado iniciativas “que perfeccionan” su texto.

El 3 de agosto del año pasado publiqué en este mismo medio mi columna de opinión donde cuestionaba los fundamentos y la eficacia del proyecto de ley que crea un nuevo artículo trigésimo octavo transitorio en nuestra constitución, para establecer un impuesto del 2,5% sobre los patrimonios de personas naturales en nuestro país que superen los 22 millones de dólares, con el fin de financiar una renta básica de emergencia para las personas más vulnerables de nuestro país que se han visto afectadas por la pandemia que estamos viviendo.

Una vez escuché un chiste al ex embajador del Reino Unido en Chile, el señor Jon Benjamin, señalando que los contadores tenemos una aspecto serio y tranquilo porque tenemos un gran “control interno”.   Sin duda que para entender este chascarrillo es necesario haber cursado algunos cursos de Contabilidad, pues el control interno corresponde a una serie de medidas y procedimientos que garantizan el correcto desarrollo de las operaciones de las entidades.

“No quiero llorar miserias ni ser cobarde, pero yo no merecía tu ingratitud…” así comienza una antigua canción que yo conocí a través de la interpretación de Pedro Messone hace muchos años atrás, cuando la música se escuchaba en radios que tenían perillas para cambiar el dial. Esa canción del “neofolklore chileno” trata del reclamo de un amante ante la falta de reconocimiento que le manifiesta su amada. 

Ya comenzada la Operación Renta (O.R.) 2021 surgen las sorpresas por la aplicación de las normas introducidas por la Ley 21.210 sobre modernización tributaria, dentro de las cuales, están las disposiciones para las pymes.

El diputado Giorgio Jackson nos ha sorprendido con una nueva iniciativa que tiene muy buenas intenciones, pero que adolece de sustento técnico y que resultan peligrosa en estos momentos, porque azuza la opinión pública con eslogan como “el sueldo de Chile” y que obligar al Gobierno a que se manifieste respecto a que “las rentas queden a favor de la población o si prefiere que queden en manos de las mineras”. 

Tal como dice el dicho popular: no hay deuda que no se pague… y así ocurre con los beneficios que entrega la autoridad y que tienen calidad de renta. 

El estudio económico que la OCDE elaboró de nuestro país y que fue publicado el 4 de febrero recién pasado destacó la efectividad de las medidas económicas tomadas para enfrentar la pandemia del COVID-19 y también realizó una serie de recomendaciones para modificar el sistema tributario, el cual fue considerado como ineficiente para lograr la redistribución del ingreso y poder garantizar la adecuada protección de los sectores más vulnerables, conclusión que es sabida por todos.