Diálogo de sordos en el royalty minero

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Germu00e1n Pinto


Nuevamente estamos siendo testigos obligatoriamente pasivos de los procesos de generación de importantes leyes de nuestro país, en donde sectores ventilan sus puntos de vista sin existir una interacción, debate o retroalimentación de sus discursos. Es así como apreciamos a los parlamentarios que están llevando a cabo el proyecto del “royalty minero” desde el año 2018, inspirados en loables y por todos compartidas motivaciones, pero que atentan a los más básicos principios de la economía y de gestión financiera de las empresas mineras.

El proyecto que pasó al segundo trámite constitucional establece un impuesto con tasa variable que se incrementa según sea mayor el precio cotización del cobre y del litio, según aumente de 2 y hasta superar los 4 dólares por tonelada vendida, partiendo de un 3% hasta llegar al 75% del incremento experimentado en ese precio.

Lo particular de este mecanismo de tributación, es que considera como elementos del hecho gravado una situación incierta que es el precio de los commodities y también gravar el flujo de la venta y no la utilidad producida luego de haber descontado de ellos los costos incurridos para generar tales ingresos.

El hecho de considerar base imponible el flujo bruto tiene el inconveniente que hipotecar las inversiones y capitalizaciones futuras que pudieran ser proyectadas en virtud de los incrementos de los precios de ventas de los minerales, amén del hecho, de no ser posible asegurar los ciclos de precios de estos bienes, pues siempre están sujetos a la coyuntura económica y política, como estamos viviendo en Chile, que afecta a los países mineros y al mundo entero.

Considero que la estructura de este royalty no es conveniente porque afecta el flujo y no la ganancia, hecho sensible, porque las empresas mineras tienen una estructura de costos muy particular que está indexada a la variación del peso y del dólar, lo que redunda en comportamientos inversamente proporcionales en algunas partidas del estado de resultados de estas compañías. De esta forma, el hecho que aumente el precio de venta no implica que será un impulso que redunde en mayores flujos para la empresa minera, pues ese incremento puede afectar fuertemente el tipo de cambio que, como ya he señalado en otras columnas, tiene un comportamiento inverso que tiene da la baja cuando el precio del cobre sube. Este hecho particular implica que el incremento en el precio de venta se ve automáticamente frenado por la baja en el precio del dólar que se ocupará para convertir las divisas en pesos que son necesarios para pagar los sueldos.

Además de lo anterior, cobrar un impuesto que reduzca hasta en un 75% el incremento del precio del mineral (el programa del señor Jadue señalaba que podría llegar hasta un 100% de ese incremento) inhibe automáticamente cualquier proyección de inversión.

Esto último ya ha sido acusado por algunas empresas mineras que han señalado que no realizarán proyectos de expansión de sus plantas productivas hasta que se aclare el tipo de tributo y modalidad que se aplicará, pues de seguir el esquema que ha trascendido del proyecto de ley que alegremente han tramitado las y los diputados de la República, ven coartados el financiamiento propio que se destinará a esas inversiones.

También se ha señalado que el esquema anunciado será una rémora para el financiamiento de futuras inversiones que están encaminadas en crear una “minería verde”, inversión que en algunos casos se ha calculado en 10 mil millones de dólares para los próximos diez años.

Es importante destacar que esas necesarias inversiones serían financiadas por las ganancias futuras que se proyectan de acuerdo con los actuales factores que se están evaluando, y esta disposición legal reduce considerablemente esas fuentes de recursos que impelen a los ejecutivos a desechar esas inversiones o buscar nuevos horizontes a los proyectos mineros de las próximas décadas, al estar limitadas y hasta inhibidas sus fuentes de financiamientos propias.

Es por todo lo anterior que proclamo mi preocupación por lo distanciado que están los argumentos de los sectores legislativos y mineros, los cuales no están en las antípodas de los argumentos ventilados, sino que es imperioso realizar un diálogo legítimo y necesario, pero basado en datos claros y robustos con una perspectiva de largo plazo y no quedarnos en la coyuntura política electoral que estamos viendo en estos días, dejando de ser sordos a los argumentos objetivos y técnicos que se plantean en esta materia.


Prof. Germán R.Pinto Perry

Director Magíster en Planificación y Gestión Tributaria

Centro de Investigación y Estudios – NRC

Universidad de Santiago de Chile