Elegir una institución de educación superior implica para muchas familias preguntarse qué formación recibirán sus hijos y cómo podrán pagar sus estudios, preocupación que también acompaña a quienes ya trabajan y buscan iniciar o retomar una carrera. La gratuidad, que este año cumple una década de vigencia, ha sido un apoyo decisivo para numerosos hogares y ha permitido que el costo de estudiar deje de ser una barrera insuperable. Reconocer esa contribución se hace necesario para discutir su alcance y su relación con la calidad de la educación superior.
Precisamente por su importancia, conviene evitar que a la gratuidad se le atribuya un significado que excede su propósito, porque, aunque participar en la gratuidad exige cumplir requisitos institucionales y de acreditación de calidad, el hecho de estar adscrito a ella no permite concluir, por sí solo, que una universidad ofrece mejor formación que otra que no participa. Del mismo modo, la ausencia de este financiamiento no basta para juzgar la calidad de las instituciones formativas, por lo que confundir ambas dimensiones puede llevar a las familias a descartar alternativas o a elegir otras sin conocer suficientemente el proyecto educativo.
Dentro y fuera de la gratuidad conviven universidades con trayectorias, orientaciones y estudiantes diversos, algunas de las cuales reciben principalmente a jóvenes que terminan la enseñanza media, mientras otras ofrecen alternativas para personas que trabajan, sostienen un hogar o regresan a estudiar después de varios años. Comprender esas diferencias permite evaluar si una institución ofrece las condiciones que cada estudiante necesita, ya que para quien compatibiliza sus estudios con una jornada laboral, los horarios, los recursos de aprendizaje y la disponibilidad de apoyo académico pueden resultar determinantes.
La sostenibilidad del proyecto educativo también merece un lugar en este análisis, dado que incorporarse a la gratuidad supone asumir condiciones de financiamiento y regulación (entre ellas un arancel regulado) que cada universidad debe evaluar en el marco de sus compromisos y recursos. Una institución que reúne los requisitos puede optar por no ingresar si estima que esas condiciones dificultan sostener su propuesta formativa, una decisión que puede ser trascendente, del mismo modo que participar de ella constituye otra opción que permite ampliar el acceso y mantener las condiciones comprometidas con los estudiantes.
Cualquiera de esas decisiones debe traducirse en una formación que pueda sostenerse en el tiempo, porque contar con docentes preparados, actualizar los programas, disponer de recursos tecnológicos y ofrecer experiencias prácticas requiere planificación y financiamiento. La responsabilidad financiera tiene una consecuencia académica concreta, porque los compromisos asumidos al matricular a un estudiante deben cumplirse durante toda su carrera. Para las familias, la comparación debiera considerar la acreditación institucional, el diseño del plan de estudios, la preparación de los docentes y las oportunidades de vinculación con el ámbito profesional. También importa conocer cómo se evalúa lo aprendido y qué apoyos existen cuando aparecen dificultades. Conviene preguntar cómo la universidad identifica a quienes tienen dificultades académicas y qué apoyo les ofrece para superarlas, porque esas acciones muestran cómo acompaña a sus estudiantes durante la carrera.
Los resultados también son relevantes, aunque requieren una lectura cuidadosa, ya que saber cuántos estudiantes permanecen, cuánto tardan en titularse y qué trayectorias siguen los egresados aporta antecedentes que deben interpretarse considerando las características de quienes ingresan y las condiciones del mercado laboral, especialmente cuando se trata de personas que ya trabajan, para quienes el aporte de sus estudios puede expresarse en nuevas responsabilidades o en un cambio de área de desempeño. La información de la Comisión Nacional de Acreditación y de Mi Futuro ofrecen un punto de partida que conviene complementar conversando con estudiantes y egresados.
Esta tarea no puede recaer únicamente en quienes postulan, ya que las instituciones tienen la responsabilidad de entregar información comprensible y comparable sobre la formación que ofrecen, sus resultados y las condiciones de financiamiento, de manera que las familias sepan qué aspecto cubre cada ayuda, cuánto dura y qué gastos se deberán asumir si los estudios se extienden. Quien elige necesita, además, contrastar las promesas de admisión con la experiencia de quienes ya han pasado por las aulas de la institución en cuestión.
Resolver cómo pagar una carrera es fundamental, pero también lo es saber qué esperar de los años y el esfuerzo que se dedicarán a cursarla. Distinguir entre financiamiento y calidad permite valorar la gratuidad sin convertirla en una clasificación académica y ayuda a las familias a elegir dónde estudiar con los mejores antecedentes disponibles.
Prof. Luis Riveros Cornejo, Profesor Emérito, Universidad de Chile.
Prof. Nassib Segovia Moreno, especialista en educación superior, académico UNIACC.
