Programas públicos, evaluaciones que incomodan
El monitoreo de programas públicos se ha consolidado como un instrumento clave para transparentar el uso de los recursos fiscales y evaluar la efectividad de las políticas del Estado. En 2024, la Dirección de Presupuestos y la Subsecretaría de Evaluación Social según conta en “informe de resultados proceso de monitoreo 2024” revisaron el desempeño de 706 programas. Un volumen que refleja la magnitud de la oferta pública y la necesidad de contar con evidencia para tomar decisiones responsables.
La evolución histórica muestra avances importantes. En 2021 apenas un 47% de los programas contaba con evaluación de diseño (Ex Ante), mientras que en 2024 esa cifra llegó al 75,2%. Asimismo, las evaluaciones Ex Post, que permiten medir impactos a mediano y largo plazo, pasaron de cubrir un 28,2% de la oferta en 2021 a un 39,4% en 2024. Estos datos evidencian un compromiso creciente con la mejora del diseño y la evaluación de resultados.
Los resultados, sin embargo, incomodan. Más allá de la mirada política, el monitoreo revela que muchos programas presentan desempeños no óptimos: subejecución de recursos, costos por beneficiario fuera de rango, disminución de indicadores de calidad y eficacia sin justificación. Estos hallazgos obligan a enfrentar un dilema que no puede seguir postergándose: ¿deben estos programas ser rediseñados para corregir sus deficiencias o simplemente cerrados para liberar recursos hacia iniciativas más efectivas.
A la luz del comentado oficio 16 del pasado 21 de abril, seguramente más de una centena de ellos deben estar siendo reevaluados y está bien que esto ocurra periódicamente porque la suma de ellos tiene un impacto presupuestario significativo. El monitoreo 2024 confirma que 20 programas salieron de la oferta pública: diez fueron descontinuados o no ejecutados, dos se fusionaron con otros, y ocho dejaron de ser considerados programas públicos por no cumplir requisitos metodológicos. Este dato confirma que el sistema no solo evalúa, sino que también depura, eliminando duplicidades y fragmentaciones que restan coherencia y eficiencia al gasto público.
El informe muestra que los programas con buen desempeño solicitaron en promedio un 36% más de recursos que el año anterior y recibieron un aumento efectivo de 5% en su presupuesto. En contraste, los programas con algún tipo de observación solicitaron un 29% más, pero terminaron recibiendo en promedio un 5% menos que el año anterior. Esta diferencia refleja cómo las malas evaluaciones condicionan la continuidad de programas que no logran justificar su gasto ni sus resultados.
La evidencia es clara: los programas con mejor desempeño reciben respaldo presupuestario, mientras que los mal evaluados enfrentan restricciones o su salida definitiva. Este mecanismo introduce incentivos positivos, pero también expone la urgencia de una revisión profunda del diseño y gestión de la oferta programática. No basta con acumular evaluaciones; se requiere transformar los hallazgos en decisiones concretas que fortalezcan la política pública.
Las evaluaciones incomodan porque obligan a reconocer que no todo lo que se ejecuta funciona como debería. Pero esa incomodidad es necesaria es el punto de partida para decidir con responsabilidad si un programa merece ser ajustado o si corresponde cerrarlo. Solo así el monitoreo dejará de ser un ejercicio técnico y se convertirá en un verdadero motor de transformación del Estado.
Américo Ibarra Lara
Director Instituto del Ambiente Construido
Observatorio en Política Pública del Territorio
Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido
Universidad de Santiago de Chile
