Bruselas insta a los países de la UE a proteger a los hogares vulnerables frente a cortes de suministro
La Comisión Europea ha presentado este jueves un paquete de recomendaciones para reforzar la protección de los consumidores ante el encarecimiento de la energía por la crisis de Oriente Próximo, con medidas que pasan por evitar cortes de suministro, simplificar contratos y ayudar a los ciudadanos a reducir su factura.
Aunque el plan no impone obligaciones directas a los Estados miembro, sí que ofrece orientación "detallada y práctica" para aplicar medidas de protección social y de mercado en un momento en el que Bruselas considera urgente reforzar la resiliencia energética de la Unión.
"Debemos proteger a los hogares vulnerables de los cortes de suministro eléctrico y ayudar a todos los consumidores a gestionar mejor sus contratos de suministro energético, así como a participar activamente en la transición", ha señalado el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, quien ha defendido también la necesidad de avanzar hacia un sistema "más sostenible, seguro y centrado en el consumidor".
En este sentido, la Comisión insta a los gobiernos a identificar de forma temprana a los hogares en riesgo de pobreza energética para ofrecer apoyo antes de que se produzcan cortes de suministro, mediante medidas como planes de pago personalizados, asesoramiento sobre deudas o vales energéticos, junto a soluciones más estructurales como la mejora de la eficiencia energética y el acceso a energías renovables.
Bruselas también plantea que los países introduzcan salvaguardias contra las desconexiones en periodos críticos como los meses más fríos, y que garanticen que las compañías informan con suficiente antelación de las alternativas disponibles antes de cortar la luz o el gas.
CONTRATOS MÁS "CLAROS, TRANSPARENTES Y COMPARABLES"
Otra de las recomendaciones busca facilitar que los consumidores entiendan mejor qué están contratando. Para ello, Bruselas propone estandarizar los términos y condiciones de los contratos de energía, de modo que los usuarios reciban información "clara, transparente y comparable" sobre aspectos como el precio, la duración del contrato o el tipo de tarifa.
Según explica la Comisión, muchos consumidores desconocen si tienen una tarifa fija o variable, en parte por la falta de información comparable y por el uso de nombres distintos para ofertas similares por parte de los proveedores, lo que, a su juicio, dificulta el cambio de compañía y limita la capacidad de los hogares para encontrar ofertas más baratas.
El Ejecutivo comunitario también pide a las autoridades nacionales que refuercen la supervisión de los proveedores y mejoren las normas de gestión de riesgos, con el objetivo de minimizar el impacto de posibles quiebras o problemas financieros de las compañías en el suministro y en las facturas de los consumidores.
IMPULSO AL AUTOCONSUMO Y LAS COMUNIDADES ENERGÉTICAS
El paquete incluye además medidas para fomentar el desarrollo de comunidades energéticas y el autoconsumo, con el fin de que ciudadanos, pequeñas empresas y autoridades locales puedan producir y compartir su propia energía renovable.
En este sentido, la Comisión insta a reducir las barreras administrativas y facilitar el acceso a financiación, así como a reforzar mecanismos como las ventanillas únicas para ayudar a los hogares a adoptar alternativas más limpias.
FACTURAS MÁS BAJAS CON CONSUMO FLEXIBLE
De forma paralela, la Comisión ha publicado un informe en el que anima a los países a fomentar contratos que permitan a los consumidores beneficiarse de precios más bajos si adaptan su consumo a determinadas horas, por ejemplo en momentos de mayor disponibilidad de energías renovables.
Un enfoque que, según el Ejecutivo comunitario, puede contribuir a mejorar la eficiencia del sistema eléctrico y a reducir las facturas, siempre que se garantice una protección adecuada para los consumidores, especialmente los más vulnerables.
La Comisión trabajará ahora con los Estados miembro para aplicar estas recomendaciones, proporcionando asistencia técnica y seguimiento, aunque la decisión final sobre su puesta en marcha corresponderá a cada país.
