Un argumento falaz

La discusión en torno al proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional que ha presentado el Ejecutivo al Congreso se ha rodeado de un esperado debate. Pese a lo conveniente que esto es, la discusión ha estado dominado por declaraciones que poco aluden al fondo del asunto. En efecto, poco se anota la importancia que tiene esta iniciativa en cuanto a sus probables positivos efectos en la inversión, que es la variable clave que debe permitirnos alcanzar una mayor tasa de crecimiento y resolver así el complejo problema que representa los actuales niveles de desocupación y subempleo. El proyecto en cuestión apunta a incidir en sus determinantes financieras para hacer mayormente atractiva la inversión. Sin embargo, hay también envuelto un factor que radica en las consideraciones políticas y comunicacionales y que pueden contribuir a deteriorar el medio ambiente que haga atractiva la inversión. Al menos en su componente financiero, el tema es abordable a través del proyecto de ley mencionado, pero la discusión que se ha dado muestra la poca disposición que prevalece en muchos sectores para avanzar positivamente en un tema de crucial importancia para el país.

Una de las facetas más mencionadas a raíz del proyecto de ley es que el mismo envolvería un cierto “regalo” para los más ricos, en asociación con la propuesta de reducir el impuesto a las utilidades de las empresas de 27 a 23 por ciento de modo gradual. Se asocia además esto con una serie de especulaciones en torno a la reducción del gasto, que se acusa radica en extraer recursos destinados a los sectores más carenciados, especialmente en materias como alimentación escolar. El ministro de Hacienda ha desmentido esto último, y ha ratificado el propósito de reducir gastos en sectores de baja eficiencia, lo cual se encuentra en el marco ya declarado de reducir en forma significativa el gasto en consideración al crítico estado de las finanzas públicas. No se intenta traspasar recursos que benefician a los más pobres, para alimentar el financiamiento de la inversión. Sin embargo, la presentación simplista que se hace de esta situación es que el proyecto envolvería un traspaso de recursos desde “pobres” a “ricos”, enfatizándose un esquema argumental que recurre al falaz argumento de una lucha de clases.

Como ha argumentado Manuel Agosin, ex Decano de la FEN, la disminución del impuesto a las utilidades conduce a un aumento de las utilidades netas. Si eso lleva a un aumento en los dividendos, los accionistas deberían tributar sobre ingresos mayores. Como tributarían sobre ingresos mayores y a tasas más elevadas que la tasa de impuesto de primera categoría, el autor concluye: “No hay regalos a los ricos”. Sin embargo, es esperable que los inversionistas reinviertan las utilidades no redistribuidas, lo cual traería como consecuencia que la pérdida de ingreso tributario producto del menor impuesto sea más que compensada por los mayores impuestos asociados a las utilidades generadas por la inversión. Se trata de un beneficio a futuro.

Dice Agosín: “..lo importante no es quien paga o no paga impuestos sino el crecimiento”. En efecto, el proyecto apunta a estimular la inversión y con ello acceder al beneficio social que traería el mayor crecimiento económico y el menor desempleo. El argumento de la “lucha de clases” es simplista no sólo porque alude a argumentos falaces (como disminuir beneficios sociales para así poder obtener mayor inversión) sino porque deja de lado el beneficio a largo plazo, que es el que finalmente importa mirando el desenvolvimiento económico de Chile.

Prof. Luis A. Riveros

Emérito Universidad de Chile