La Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) ha expresado su preocupación ante la homologación de más de 30.000 títulos extracomunitarios de Medicina en el año 2025, y apoya la iniciativa de la Organización Médica Colegial (OMC) de incorporar una evaluación adicional de competencias clínicas para dichos médicos antes de su colegiación.
La federación considera necesario reforzar el actual sistema de homologación de títulos extracomunitarios para garantizar la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes, y exigir una evaluación de competencias clínicas, idioma y práctica supervisada, como ya se exige en otros países de la Unión Europea (UE). Por ello, pone a disposición de las instituciones la capacidad técnica de las sociedades científicas-médicas para el diseño y desarrollo de dicha evaluación.
Actualmente, la homologación del título de Medicina consiste únicamente en la revisión documental que realiza el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. "La propuesta de la OMC de incluir la evaluación adicional de competencias clínicas previa a la colegiación supone un aval al cumplimiento de los estándares de calidad necesarios en una profesión regulada como es la profesión médica y seguiría el modelo garantista que ya aplican países como Alemania o Francia con un examen similar", indican desde FACME.
La propuesta contempla que todos los médicos cuya formación se haya realizado fuera de la UE, con independencia de su nacionalidad, deberán demostrar sus capacidades en un examen oral-práctico que evalúa las competencias mediante estaciones clínicas simuladas con escenarios estandarizados y evaluadores formados. Los profesionales que no superen este examen no podrán ejercer de manera autónoma ni ocupar plazas en el sector público o privado.
FACME alerta asimismo sobre el riesgo de que el incremento de homologaciones se traduzca en la contratación de médicos sin la correspondiente especialidad para desempeñar funciones propias de especialista. La federación reitera su oposición a esta práctica, especialmente en ámbitos como la Medicina Familiar y Comunitaria y la Pediatría.
En línea con el rechazo ya manifestado por las sociedades de Medicina de Familia y Pediatría, así como el Foro de Médicos de Atención Primaria, FACME subraya que estas contrataciones carecen de amparo legal y comprometen la seguridad del paciente, además de tener implicaciones negativas a medio y largo plazo para el sistema sanitario.