Sr. Director,
Chile ha dado un paso clave al actualizar la medición de la pobreza con una canasta básica más realista. Aunque los datos muestran una baja del 20% en 2022 al 17% en 2024, el diagnóstico es revelador: el punto de partida es mucho más alto de lo que admitíamos, reflejando el verdadero costo de la vida.
Esta realidad coincide con el estancamiento de los ingresos. Pese a leves alzas promedio, la mediana —el ingreso del trabajador típico— no despega. Con una inflación acumulada cercana al 45% desde 2017, el poder adquisitivo se ha erosionado profundamente, afectando sobre todo a los hogares más vulnerables.
La informalidad laboral es el gran lastre. Mientras el empleo formal protege contra los shocks de precios, la informal condena a ingresos volátiles y bajos. Incluir a ambos sin distinción en las estadísticas oculta por qué la pobreza disminuye más lento que el crecimiento económico. Hoy, la reducción de la pobreza depende más de ingresos propios que de transferencias estatales. La nueva metodología evidencia que los bonos son insuficientes para generar salidas estructurales si no hay un ingreso autónomo sólido.
Chile no enfrenta solo una pobreza residual, sino una vulnerabilidad estructural. Las políticas públicas deben priorizar la formalización laboral, rediseñar los subsidios con mayor suficiencia y abordar costos críticos como vivienda y cuidados. Medir mejor no resuelve la precariedad, pero nos permite, al menos, dejar de subestimarla para actuar con urgencia.
Pablo Müller
Académico de la Facultad de Administración y Negocios
Universidad Autónoma de Chile