La “nueva” Dirección del Trabajo
En 2026 la Dirección del Trabajo cumplirá 102 años, desde su creación en el gobierno de Arturo Alessandri Palma en 1924, y asi como fue reestructurada bajo el mandato de Eduardo Frei Montalva, es esperable que con el inicio del Gobierno de Jose Antonio Kast esta esencial institución inicie una nueva etapa y corrija el rumbo caótico que la caracterizó, reconstruyendo puentes entre empresas y trabajadores para encauzar las relaciones laborales por un camino más sano. Para lograrlo, debe romper con las prácticas de politización y extralimitación de sus facultades de interpretación normativa que la desprestigiaron, concentrándose en hacer cumplir la ley tal cual es, de forma imparcial y eficiente.
El Gobierno saliente impulsó numerosas modificaciones legales –desde un fuerte incremento del salario mínimo hasta la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, junto con nuevas normas sobre acoso, seguridad y protección de datos– que impusieron mayores costos y obligaciones a empleadores sin un correspondiente foco en la productividad. Estas iniciativas, bien intencionadas en sus fines, se adoptaron sin medir plenamente sus efectos en las relaciones laborales, generando un mercado laboral estancado en empleo formal, alza de la informalidad y creciente conflictividad.
No es casualidad que, con un desempleo persistente en torno al 8-9% y más de 2,6 millones de trabajadores informales, se haya producido un aumento sostenido de litigios laborales, lo que terminó saturando los tribunales. La situación llegó a tal extremo que las autoridades anteriores debieron proponer la creación de un tercer juzgado laboral en Santiago para enfrentar el dramático retraso de causas que en algunos casos superan dos años de tramitación.
Una parte importante del problema estuvo en la forma en que la propia Dirección del Trabajo ejerció su rol durante estos 4 años. En vez de actuar como árbitro técnico e imparcial, la DT pareció alinearse con una agenda politizada, de “mano dura” contra los empleadores. El organismo no desarrolló mecanismos efectivos de mediación o solución alternativa de disputas y careció de la imparcialidad necesaria para cumplir ese papel. Por el contrario, se privilegió una fiscalización punitiva, casi de protagonismo mediático. De hecho, el Director del Trabajo -previo a su candidatura a Diputado por Copiapó- llegó a jactarse públicamente de haber incrementado la tasa de infracciones detectadas en las empresas, de 20% a 32% de sus fiscalizaciones. Esta postura –celebrar más multas como si fuese un logro en sí mismo– evidencia una politización de la fiscalización laboral.
Más grave ha sido la tendencia de la Dirección del Trabajo a extralimitarse en la interpretación de las normas, asumiendo un rol casi legislativo que no le corresponde. En el último tiempo, la DT emitió dictámenes y criterios que en la práctica establecieron obligaciones no previstas por el legislador, generando incertidumbre jurídica y obligando a muchas empresas a acudir a tribunales para defender sus derechos.
Los resultados de este enfoque no se hicieron esperar y han sido perjudiciales tanto para empleadores como para trabajadores. Por un lado, las empresas –especialmente las PYMES– se vieron atrapadas entre cumplir regulaciones cada vez más estrictas y costosas, o enfrentar el riesgo cierto de sanciones y juicios. Muchas optaron por la vía judicial para buscar certezas, alimentando un círculo vicioso de litigiosidad.
Frente a este diagnóstico, el desafío para las nuevas autoridades de la Dirección del Trabajo es claro: no repetir los errores del pasado. El Gobierno del Presidente Kast tendrá la responsabilidad de dar un giro en la conducción de la DT, desmontando prácticas nocivas arraigadas en los últimos años. En primer término, se requiere despolitizar la fiscalización laboral. Ello implica recuperar un rol técnico y equilibrado, centrado en promover el cumplimiento de la normativa más que en buscar infracciones a toda costa. La fiscalización debe ser rigurosa pero justa, orientada por criterios objetivos y no por ánimos ejemplarizadores ni cuotas implícitas de multas. Solo así se podrá reconstruir la confianza de los empleadores en la institución, condición indispensable para mediar eficazmente en conflictos y fomentar soluciones colaborativas antes de llegar a tribunales.
Y ligado a lo anterior, la nueva DT debe actuar con estricta prudencia en sus interpretaciones y dictámenes administrativos. Es fundamental que sus funcionarios se ajusten a los límites de sus atribuciones legales, evitando cualquier extralimitación que genere incertidumbre jurídica o exceda la intención del legislador. La correcta interpretación y aplicación de las normas laborales es esencial para mantener un equilibrio justo entre los derechos de los trabajadores y las facultades de los empleadores, evitando así judicializaciones innecesarias y protegiendo la estabilidad del entorno laboral.
Ruben Soto
Socio AEM Abogados
