Se ha propuesto un nuevo mecanismo de financiamiento para los estudiantes de la Educación Superior, pasando del CAE (crédito con aval del Estado) al FES (Fondo de Educación Superior). Claramente, existe consenso en cuanto a que el CAE se encontraba agotado como mecanismo de financiamiento estudiantil y que debía excluirse a la banca del sistema: los bancos no corrían ningún riesgo porque el Estado estaba obligado a pagar lo que no asumían los beneficiarios. Pero el gobierno ha cometido dos errores: primero, anunciar la eliminación del CAE, con lo cual los prestatarios han dejado de pagar sus obligaciones. Segundo, vincular el término del CAE con un nuevo sistema FES en un mismo proyecto de ley, lo cual confunde las cosas y no ayuda a una decisión más transparente.
Por otra parte, la sostenibilidad financiera del FES es frágil: los egresados deberían pagar entre un 7% y 8% de su salario durante 20 años, lo que en muchos casos significa pagar más que el costo real del crédito. Esto lleva implícito tasas de interés de usura. Asimismo, la propuesta prohíbe el copago, salvo para el 10% de mayores ingresos lo cual, junto a lo anterior, conduce a un desfinanciamiento estructural del sistema de educación superior. Lo grave es que esto llevará a una menor inversión por parte de las instituciones que intentan sostener su calidad, especialmente en cosas como laboratorios, infraestructura y equipamiento para proporcionar una formación adecuada a los requerimientos de hoy
Sin duda había que terminar con el CAE, pero la propuesta del FES no es la solución mirando al largo plazo. El desfinanciamiento de las instituciones de educación superior conducirá a la caída en calidad, manifestado en un deterioro de la eficacia formativa de los pregrados, con menos investigación y posgrados de excelencia, como actualmente el país ha conseguido luego de sostenidos esfuerzos. Por algo las universidades chilenas figuran destacadas a nivel latinoamericano. Esto representa un esfuerzo que debiésemos sostener como país, y no desarticularlo por criterios cortoplacistas que terminará asfixiando a las instituciones y castigando severamente a sus egresados.
Nunca debió envolverse a los bancos en un sistema de financiamiento estudiantil. Lejos de los criterios financieros tradicionales, en la época se planteó un modelo de crédito administrado por la CORFO o alguna otra entidad estatal. La operación debiera estar respaldada por las propias entidades educacionales, que deberían asumir también parte del riesgo. Pero en eso la figura principal debió siempre haber sido el Estado.
A un nivel más general, es necesario revisar integralmente el sistema de financiamiento de la educación superior, equilibrando la distribución de recursos en términos de resultados, fortaleciendo el financiamiento de la investigación, pero, por sobre todo, prestando apoyo a aquellas instituciones que, aun no siendo estatales, contribuyen a la inserción social a través de la ampliación de las oportunidades educativas y la realización profesional. Si un objetivo de país es la cohesión social, un bien público mayor, la educación superior juega un rol fundamental. Por ello, el tema del financiamiento estudiantil no debe dejar de lado la discusión sobre el financiamiento de la educación superior en su conjunto, especialmente anta modelos como el FES que significaría un mayor control centralizado del hacer universitario.
Prof. Luis A, Riveros
Universidad Central