Perú proyecta atraer 8.593 millones en inversiones durante el gobierno de transición de José Jerí hasta julio

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MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) - La Agencia de Promoción de la Inversión Privada de Perú (Proinversión), adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas del país, prevé atraer cerca de 10.000 millones de dólares (8.593 millones de euros) en inversiones hasta julio de 2026, momento en el que finalizará el Gobierno de transición de José Jerí iniciado hace dos semanas tras la destitución de Dina Boluarte como presidenta.



En una entrevista con el canal de televisión local RPP Noticias, el director ejecutivo de Proinversión, Luis del Carpio, adelantó que la intención es alcanzar esta cifra de inversiones a través de la adjudicación de proyectos de asociación público-privada, proyectos en activos y adelantos de inversión (adendas) en concesiones vigentes.


Entre los principales proyectos a punto de adjudicarse se encuentran el Parque Industrial de Ancón, el Teleférico de Choquequirao, el Nuevo Hospital Militar y la gestión del Hospital del Niño de San Borja.


Respecto a las adendas, Del Carpio mencionó que también se adjudicarán en el corto plazo iniciativas como la ampliación del puerto de Matarani, donde el concesionario podrá invertir 705 millones de dólares (606 millones de euros) para ampliar su capacidad operativa, así como la ampliación de la Línea 1 del Metro de Lima y el Segundo Grupo de Aeropuertos Regionales.


El titular de la agencia de inversión destacó durante la entrevista que el capital extranjero "mantiene su confianza en el Perú como una plaza sólida y atractiva para la inversión a largo plazo" por sus "fortalezas monetarias y fiscales, un marco legal estable, tratados internacionales que garantizan la inversión y regulaciones que promueven transparencia y predictibilidad".


Asimismo, Del Carpio estimó que a lo largo del 2025 las entidades públicas adjudicarán más de 4.000 millones de soles peruanos (1.013 millones de euros) en obras por impuestos, con el fin de brindar asistencia técnica a las distintas administraciones para fortalecer la ejecución de infraestructura social y productiva.


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